El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Madrid, Ángel Pérez, ha achacado a una "coincidencia" que la venta por parte de la EMVS de 120 pisos de carácter social en el distrito Centro vaya a parar a Renta Corporación Core Business, entre cuyos consejeros se encuentra Ignacio López de Hierro, esposo de la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal.

"No pido que me expliquen esto, que puede ser una coincidencia", remarcó Pérez tras apuntar la presencia del marido de la dirigente popular en este grupo empresarial.

Además, y según un informe de Axesor aportado por IU en la comisión ordinaria de Urbanismo y Vivienda al que ha tenido acceso Europa Press, esta empresa cosecha un 1 sobre 10 en escala de insolvencia, destacando como en una "situación muy próxima a la insolvencia" con un "riesgo muy elevado de impago".

"Tienen más derecho a esas viviendas los vecinos que esa empresa que, aunque tenga un interés legal, no es un interés legítimo", ha declarado Ángel Pérez después de arremeter contra la EMVS por "abusar" de los actuales inquilinos y aprovecharse de su "indefensión".

No es la primera vez que IU acusa al Gobierno municipal de "hacer caja" con la venta de viviendas de alquiler social, en la que residen 120 familias en el centro de la ciudad, concretamente en Carrera de San Francisco (35 viviendas), Embajadores 46 (24), San Cayetano 8 y 10 (27 y 25 respectivamente) y calle Madera 24 y 26 (19).

La operación se lleva a cabo, en palabras del líder de IU, para que una empresa "compre 130 viviendas en el centro de la ciudad a 137.000 euros por vivienda y reformadas con dinero público". "¿No sería mejor pactar con los vecinos y mantener las condiciones?", se ha preguntado el edil después de añadir que el Ayuntamiento "parece que tiene la consigna de enriquecer a empresas insolventes".

El 30 por ciento de los inquilinos son mayores de 70 años y la oferta pasa por realojarles en distritos lejanos a su casa como Villa de Vallecas o Carabanchel."Sacar a una persona de 80 años de su barrio es crearle un trauma", ha opinado el portavoz de UPyD, David Ortega, que ha considerado que el proyecto social de la EMVS "ha quedado quebrado".

Los actuales inquilinos tienen contrato de arrendamiento en vigor, en 35 casos hasta 2013, otros hasta el año 2014 y algunos cuentan con una vinculación indefinida. "Ahora ese carácter definitivo queda roto", ha subrayado Ortega, a lo que Ángel Pérez ha añadido que los contratos se firman con viviendas "con calles, números y letras concretos", es decir, que no es lo mismo permutar una vivienda por otra en otro punto de la ciudad.

Por su parte, el consejero delegado de la EMVS, Fermín Oslé, ha defendido la legalidad de la operación llevada a cabo por la empresa municipal y ha recordado que se ha ofrecido a los inquilinos otras viviendas en las mismas condiciones e incluso en el caso de inquilinos con condiciones sociales a valorar se trabajará por "mantenerles preferentemente en el mismo entorno".