El pleno del Congreso ha rechazado una proposición no de ley de CiU que pedía al Gobierno que anticipara a este año el pago de los fondos de competitividad a las comunidades autónomas correspondientes a los años 2014 y 2015 y que, según el grupo catalán, ascienden a unos 6.000 millones de euros.

En defensa de la iniciativa, el portavoz adjunto de CiU, Josep Sánchez Llibre, ha tachado de "moroso" al Gobierno del PP por no adelantar la liquidación de estas cantidades lo que, a su juicio, afecta negativamente a la prestación de los servicios públicos por parte de las comunidades autónomas y supone "un fraude de ley".

Para Sánchez Llibre, si el Ejecutivo no ha tenido el "coraje político" de aprobar un nuevo sistema de financiación autonómico a pesar de que tiene mayoría absoluta, al menos sí podría dotar de recursos suficientes a las comunidades, especialmente cuando les reclama rigor en el objetivo de déficit.

Acusaciones negadas de plano por el diputado del PP José Alberto Martín-Toledado, que considera una "falsedad" decir que el Gobierno es moroso.

Se ha preguntado si lo que pretende la Generalitat es cobrar de golpe el fondo de liquidación de tres ejercicios porque lo quiere gastar todo y no dejar nada para el próximo Gobierno de Cataluña que salga de las urnas.

"¿Tan poco confían ustedes de las urnas?", ha ironizado.

Tampoco entiende el diputado del PP que CiU acuse al Ejecutivo de insolidario cuando en tres años habrá prestado a la Generalitat 40.000 millones de euros que le negaban los mercados y por ello, se ahorrará 1.800 millones en interés, una cantidad superior a los 1.500 que recibiría la Generalitat por ese fondo de competitividad.

Sí ha apoyado la iniciativa el PSOE que, no obstante, considera "curioso" que CiU salga ahora en defensa de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) cuando la rechazó duramente en el pasado.

Pese a ello, el diputado Francesc Vallés sí cree que debe abordarse la reforma de la LOFCA y una flexibilización de los objetivos de déficit de las comunidades.

También han apoyado ese pago a cuenta del fondo de competitividad ICV, Compromís-Equo y Coalición Canaria, cuya diputada Ana Oramas, ha defendido el derecho de los ciudadanos a recibir unas prestaciones sociales adecuadas vivan donde vivan, y para ello cree imprescindible que se anticipen esas cantidades.