El Parlamento vasco rechaza obligar a las empresas a atender en euskera
La propuesta de EH Bildu encuentra la oposición del resto de grupos de la Cámara de Vitoria
Las empresas vascas no tendrán obligación de atender al público en euskera. La proposición de ley presentada por EH Bildu, debatida este jueves en el Parlamento vasco, ha sido rechazada por el resto de grupos. La iniciativa contemplaba sanciones, reservadas únicamente para las grandes compañías, que podían llegar hasta los 6.000 euros.
La propuesta de la coalición independentista iba dirigida a todas las empresas que operan en Euskadi, y pretendía obligarles a atender al público y rotular todos sus productos y distintivos en euskera. El Consejo de Gobierno ya se había mostrado su oposición al entender que "un sistema sancionador no es lo más eficaz para el fomento de esta lengua ni para el ejercicio de los derechos lingüísticos de los consumidores".
Durante el debate, el parlamentario de EH Bildu Xabier Isasi ha defendido que "todos los derechos, especialmente los lingüísticos, no se pueden llevar a cabo sin obligaciones" y, ante los datos que muestran que el uso del euskera "no está mejorando en los últimos años", es necesario "hacer algo al respecto". Sus palabras fueron respondidas por la parlamentaria del PNV, Garbiñe Mendizabal, quien ha recordado que ya existe una normativa legal, el Estatuto de las personas consumidoras y usuarias, que defienden los derechos de cualquier cliente. En todo caso, ha admitido que "hay un largo camino por recorrer" para alcanzar el cumplimento del decreto sobre los derechos lingüísticos de las Personas Consumidoras y Usuarias.
Para el parlamentario del PSE Vicente Reyes, las sanciones "perjudican" al euskera y ha recordado que durante el Gobierno de Patxi López se eliminaron las multas lingüísticas a las empresas. Además, ha defendido que la normativa sobre esta materia "se debe hacer con consensos amplios, buscando la pedagogía y no la imposición".
Desde el PP, Iñaki Oyarzábal ha rechazado la iniciativa de EH Bildu por considerar que se trata de un proyecto de "imposición" que "pretende generar obligaciones a los ciudadanos en el ámbito privado mediante sanciones y multas".
Y el parlamentario de UPD, Gorka Maneiro, ha acusado a la coalición de proponer una "injerencia del Estado en el ámbito privado" y de "imponer el euskera a base de medidas coercitivas".
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