El Gobierno ha decidido impugnar ante el Tribunal Constitucional las resoluciones aprobadas la semana pasada en el Parlament a favor de la celebración de un referéndum de independencia "como muy tarde en septiembre del 2017".
El anuncio lo ha realizado este viernes la portavoz y vicepresidenta del Ejecutivo central, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Santamaría ya avisó la semana pasada de que la Abogacía del Estado estaba estudiando los textos en cuestión para decidir si era procedente presentar un expediente de ejecución ante el alto tribunal para solicitar la nulidad. La vicepresidenta también ha explicado que piden a la fiscalía que estudie si se tiene que actuar penalmente contra la presidenta de la Cámara catalana, Carme Forcadell.
Además, el Ejecutivo solicita que los demás miembros de la Mesa del Parlament, además del president del Govern y el resto del Gabinete "se abstengan de realizar cualquier actuación para dar cumplimiento a las resoluciones impugnadas".
La número dos de Rajoy ha vuelto a insistir, como hizo el viernes pasado, que si el "planteamiento" del president, Carles Puigdemont, es "similar al de Artur Mas", obtendrán la misma respusta del Gobierno central. "Ni Puigdemont ni Rajoy ni los señores del PSOE ni de los ERC son propietarios ni pueden negociar nada que corresponde al conjunto de los españoles, porque no están legitimados para ellos", ha argumentado. "El señor Puigdemont se tendría que sentar con 47 millones de españoles", ha continuado.
