Si España no estuviera tan preocupada en estos momentos por salvar el pellejo ante un virus que le acosa con saña podría, seguramente, reflexionar con más profundidad sobre lo que significa que imputen a Jorge Fernández Díaz, uno (otro) de sus ministros de Interior en problemas. Fernández Díaz, histórico del PP, recibió de manos de Mariano Rajoy en el 2011 el encargo oficial de dar seguridad al país. Está por acreditarse si también le puso deberes menos honrados de forma oficiosa, como liderar desde su despacho y haciendo uso y abuso de cuerpos policiales y fondos reservados la operación Kitchen . O si fue una idea original de un ministro. O si hubo terceros implicados en la operación: Dolores de Cospedal y el empresario Ignacio López del Hierro, su marido, no serán investigados pese a la petición de Anticorrupción, aunque el juez no descarta que termine sucediendo. O si hubo hasta cuartos cuyas identidades aún no se hayan revelado. O si todo esto no es lo que parece... por aquello de la presunción de inocencia.
De momento un tribunal acaba de avisar formalmente a Fernández Díaz, a través de una imputación, de que va a revisar si cumplió con honor su cargo o lo utilizó para obstaculizar la labor de la justicia en la investigación del caso Bárcenas, espiando al entorno del extesorero con un equipo policial al margen de la ley y robando documentación que podía ser crucial para la investigación.
Esa investigación judicial que supuestamente trataba de torpedear Fernández Díaz es la que, precisamente, le costó a su amigo Rajoy la presidencia tras una moción de censura y a su partido político, el poder. El asunto huele mal, como en su día apestó lo destapado por la investigación a Bárcenas y sus conexiones con la financiación ilegal de su organización. El nivel de las revelaciones ofrecidas por el levantamiento de una pequeña parte del sumario del caso Kitchen hace unos días evidencia que el hedor de lo inconfesable sigue atrapado bajo alfombras del PP. Por más que Pablo Casado se empeñe en repetir que ya se ha pasado la aspiradora en la parte superficial y que él, además de ser «diputado por Ávila», es la cara de una nueva era y una nueva forma de hacer.
Volcado de teléfonos
Uno de los mensajes telefónicos enviado por el exministro en octubre de 2013, incluidos en el último auto del juez de la Audiencia Manuel García Castellón y remitido a su número dos, Francisco Martínez, es algo más que inquietante. Y le coloca entre la espada y la pared, puesto que habla de información sustraída al extesorero sin autorización ni a petición de ningún juez. «La operación se hizo con éxito: se ha volcado todo (2 iphone y 1 ipad). Mañana tendremos el informe. Según dice el informador, ese material lo había dado B (en referencia a Bárcenas) a los abogados para poder obtener a través de ellos los teléfonos y otros de su agenda, en orden a contactar con ellos para poder preparar su defensa jurídica. Es decir, que no sería información para el J a efectos de publicación... Es lo que ha dicho y es muy probable que esa fuera la intención», dice el SMS.
¿Qué documentación guardaba Bárcenas que podía llevar a montar una operación parapolicial semejante y pagada con fondos reservados? Habrá que ver hasta dónde llega García-Castellón con sus pesquisas. Aunque hay pistas. Hasta publicadas. H
