El Tribunal de Cuentas reivindica su independencia en plena polémica por su última fianza

El Tribunal de Cuentas ha salido al paso a las críticas que ha recibido esta semana por los partidos en el Gobierno y los independentistas con un comunicado en el que se reivindica como un "órgano constitucional que goza de plena independencia en el ejercicio de sus funciones, sometido tan solo al ordenamiento jurídico".

La coincidencia de la concesión de los indultos de los condenados por el 'procés' y la celebración de la vista en la que se ha fijado una fianza de 5,4 millones para 34 líderes independentistas por la acción exterior del Govern propició que el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos calificara de "piedras en el camino" del diálogo las causas del Tribunal de Cuentas. Sus palabras parecieron servir de espoleta para que las críticas contra el organismo fiscalizador se extendieran en el arco parlamentario de la izquierda y del independentismo, acompañadas de fuertes presiones al Ejecutivo de Pedro Sánchez para que la fiscalía y la Abogacía del Estado no reclamaran cantidad alguna.

Un objetivo conseguido en parte, porque como se vio este miércoles con el silencio que mantuvieron en la vista los Servicios Jurídicos del Estado, estos se han apartado del procedimiento. Una vez concluida la instrucción y comprobado que el dinero con el que se ha podido incurrir en responsabilidad contable no pertenece al Estado, sino a la Generalitat, carecen de legitimación para poder acusar, según estableció el propio órgano fiscalizador en la sentencia que condenó al 'expresident' Artur Mas y a otros miembros de su Govern a pagar 4,9 millones de euros por la consulta del 9-N. La acusación queda así en manos de la Fiscalía y de las asociaciones que ejercen la acusación.

De naturaleza técnica

El Tribunal de Cuentas explica que "ejerce la función fiscalizadora del sector público, de naturaleza eminentemente técnica, con arreglo a normas y procedimientos de auditoría acordes a las normas internacionales para el ejercicio de esta función" y su función jurisdiccional está "dirigida a enjuiciar responsabilidades contables para obtener la restitución de fondos públicos ante un uso indebido". Sus informes de fiscalización no pueden ser modificados por otras instancias y se destinan a las Cortes, que fueron las que le pidieron el relativo a la acción exterior catalana.

Sus consejeros, elegidos por mayorías de tres quintos de las Cortes, son independientes e inamovibles. "Su misión es contribuir a promover la buena gestión y salvaguardar los fondos públicos desde el ejercicio profesional de sus funciones fiscalizadora y jurisdiccional", concluye.