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El Periódico Mediterráneo

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Las escuchas del CNI

Espiar a Pere Aragonès con Pegasus costó 43.000 euros

Uno de los intermediarios que venden el programa es una firma madrileña con socios italianos procesados por pasar escuchas a Berlusconi

El president de la Generalitat, Pere Aragonés, a su llegada al Parlament el pasado 28 de abril. EFE

Cuando el Centro Nacional de Inteligencia penetró en el teléfono móvil de Pere Aragonès, cada pinchazo particular con Pegasus costaba 43.000 euros. Es el precio medio de cada IOS-U interceptado con el programa espía, tarifa vigente desde 2016 en contratos de NSO Group, la desarrolladora israelí de Pegasus, con agencias gubernamentales para interceptaciones telefónicas numerosas.

Cada IOS-U determina el coste. Con ese acrónimo llaman en el oscuro mercado del spyware al usuario del sistema operativo del Iphone. A más usuarios espiados, menos coste por número de teléfono. Poco antes del momento en que el CNI adquirió Pegasus –según informó El País, por unos seis millones de euros- cada interceptación de un número de Blackberry costaba 50.000 dólares (42.700 euros al cambio de la época), y a 55.000 euros los pinchazos a iphones y móviles Android. Pero ese coste unitario baja según el tamaño del paquete de usuarios, u objetivos, contrataso con la dueña del software, explican expertos en ciberseguridad consultados por este diario.

Apenas ha variado desde entonces un precio de inicio: el de la instalación del sistema, 500.000 euros, vigente también en 2020, el año en que fue espiado el hoy president de la Generalitat. “Lo que sí ha subido, en frecuencia y en coste, son las actualizaciones del programa, porque cada tres o cuatro meses el desarrollador encuentra vectores nuevos para atacar móviles y se los ofrece a sus clientes”, explica uno de estos especialistas, y corroboran fuentes de la Seguridad del Estado.

Así, las 18 interceptaciones autorizadas judicialmente a teléfonos inteligentes de independentistas -las que contó en el Congreso la ya exdirectora del CNI Paz Esteban- supusieron un coste aproximado de 775.000 euros.

Amigos de Berlusconi

En un mercado con pocos clientes y aún menos ofertantes, tres firmas intermedian con NSO Group para la distribución de su programa espía en países occidentales, según las fuentes de la Seguridad del Estado. Una de ellas, DARS Telecom, es italo-española y tiene su sede en un piso del barrio madrileño de Argüelles, no lejos de la Moncloa.

Los socios Michele Tomba y Román José Sánchez se reparten la administración de la firma, dedicada, según declara al Registro Mercantil, a la “distribución y comercialización de soluciones de telecomunicaciones para la interceptación legal de datos, voz, imágenes…”.

DARS ha colaborado con las Fuerzas de Seguridad del Estado en diversas ocasiones, como en el desarrollo -con la Universidad de Alcalá-, en 2016, del programa Quijote de rastreo de perfiles en internet y redes sociales; y también con policías autonómicas: uno de sus antiguos consejeros, Ángel Herrero, recogió en 2020 una metopa honorífica por sus servicios a la Policía Foral navarra bajo gobierno de la conservadora Yolanda Barcina.

El directivo español de DARS Román José Sánchez es descrito por las fuentes consultadas como ejecutivo de la ciberseguridad bien relacionado con la Guardia Civil y con el Ejército, con suyos mandos ha compartido torneos de golf. La discreción es norma del negocio: han sido en vano las peticiones de este diario para contrastar con él información.

Su socio italiano Tomba es el único que queda visible de la entrada en la firma, en 2006, al poco de su fundación, de un poderoso y polémico aliado: el consorcio italiano RCS Lab. Tomba es ejecutivo de esa marca, como también otro exconsejero de DARS, Alberto Chiappino. Los nombres de ambos aparecen en el tráfago de emails sobre escuchas a móviles en el escándalo Hacking Team, un caso de espionaje arecido al de Pegasus que estalló en 2015 en Italia.

Las siglas RCS significan Remote Control System. Hasta 2015, esa empresa fue contratista de la fiscalía italiana para escuchas con autorización judicial. Al año siguiente fue procesado el patrón de RCS, Roberto Raffaelli, bajo la acusación de haber pasado al presidente italiano Silvio Berlusconi grabaciones obtenidas por encargo de la fiscalía. O sea, desvío de información judicial secreta. Rafaelli presidió a la firma intermediaria italo-española entre 2006 y 2010.

Competidores

Según las fuentes consultadas, para adquirir Pegasus se recurre a uno de los intermediarios con los que trabaja la firma. Los otros dos más conocidos en España son la contratista de ciberseguridad y defensa Excem y la ingeniería británica BAE Systems.

Excem fue fundada por el sefardí Mauricio Hatchwell Toledano, premio Príncipe de Asturias de la Concordia. Su empresa ha suministrado soluciones informáticas a los ministerios de Defensa e Interior, similares al sistema de espionaje Finfisher.

La misma tecnología está en la panoplia de BAE Systems, de capital británico y norteamericano, fusión de British Aerospace y Marconi Electronic. A esta firma recurrió Interior en 2015 para adquirir una herramienta de escuchas remotas integrable en su sistema SITEL de pinchazos bajo autorización judicial. No es Pegasus, aclaran las mismas fuentes.

En el mercado del spyware, los intermediarios contactan con los desarrolladores. Son una docena, la mayoría israelíes. NSO Group se ha convertido en el más popular. Con él compite Verint, experta norteamericana en minería informática y seguridad de comunicaciones bancarias.

El capital británico está también en este escalón. En diciembre de 2010, BAE Systems adquirió por 1.200 millones de coronas danesas (162 millones de euros de la época) ETI A/S, desarrolladora de ciberinteligencia militar con sede en Copenhague.

En este terreno de juego no siempre la pelota es foránea. De la última gran compra de una herramienta de escuchas para el Estado dio noticia el BOE el 29 de noviembre de 2019. Un mes antes se había cerrado la ventanilla de admisión de ofertas para un concurso negociado sin publicidad para prestar un “servicio integral de interceptación de las comunicaciones electrónicas y conservación de datos”. Lo ganó, por 45 millones de euros, Telefónica. Fue la única licitadora.

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