El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves que el Congreso iniciará, a partir de mañana, la tramitación de una modificación del Código Penal que incluye la derogación del delito de sedición, el tipo penal por el que fueron condenados los políticos independentistas en el juicio por el 1-O y que todavía pende varios acusados que deben ajustar cuentas con la justicia. En las próximas horas se conocerán los detalles del pacto entre el Gobierno y ERC que ha dado pie al anuncio del líder socialista, en una entrevista en La Sexta, y que cabe encuadrar plenamente en las conversaciones alrededor de la mesa de diálogo. Se abre, pues, una situación parecida a la de los indultos por a los condenados por el 'procés', en la que el líder socialista deberá lidiar con la indignación de la oposición a cambio, presumiblemente, de la aprobación por parte de ERC de los Presupuestos Generales del Estado.
Así, el proyecto de ley orgánica de modificación del Código Penal entrará, en principio, este mismo viernes en el registro del Congreso. Una vez superadas las más que previsibles enmiendas a la totalidad que pudieran presentar los grupos parlamentarios, continuaría su trámite en la Comisión de Justicia de la Cámara Baja. Durante este proceso, el texto inicial del Ejecutivo podría sufrir cambios a través de las enmiendas que negocien los partidos.
Alzamiento tumultuario
El delito de sedición está recogido en la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. En el Título XXII, referido a los delitos de orden público. En el artículo 544 se establece que incurrirán en este delito aquellos "se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes" o que cualquier autoridad pueda llevar a cabo "el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales".
Las penas están establecidas en el artículo 545. Para los principales autores de la sedición, las penas de prisión irían de ocho a 10 años, salvo que se traten de autoridades públicas en cuyo caso se elevaría a entre 10 y 15 años. También quedan inhabilitados de manera absoluta durante el mismo tiempo. En el resto de situaciones la pena de prisión se reduce a entre cuatro y ocho años.
El futuro de Puigdemont y Rovira
La eliminación de esta tipificación abre, obviamente, una serie de interrogantes sobre el futuro de Carles Puigdemont y Marta Rovira, residentes en el extranjero desde 2017 y 2018, y, también, sobre las condenas ya firmes. Así, por ejemplo, a pesar de estar libre, merced al indulto del verano del 2021, la pena de inhabilitación sigue vigente para todos ellos. Para el que más, puesto que eran 13 años, para Oriol Junqueras. El retorno a las listas del presidente de ERC puede estar más cerca de lo que muchos podían sospechar.
En cuanto a los residentes en Bélgica (Puigdemont) y Suiza (Rovira), es obvio que las condiciones objetivas, las leyes, se suavizan, pero ello no afecte a las subjetivas, a las actuaciones de los jueces. Así, de pronto, la acusación que sigue pesando sobre ambos es de rebelión. Y lo primero que habría que hacerse en caso de vuelta a España es adecuar su expediente eliminando tanto este delito como el de sedición, el primero porque los sentenciados por los mismos hechos fueron exonerados de ello y, el segundo, por la modificación.. Pero ello comportaría un tiempo indeterminado que estaría fijado por los jueces y cuya espera podría producirse en la cárcel. Por tanto, se requiere de una negociación previa, como se hizo en el caso de Meritxell Serret, para garantizar que ni el 'expresident' ni la secretaria general de ERC serían encarcelados.
"Homologación" con Europa
Hace tiempo que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos se muestran favorables a una modificación del delito para "homologar" las penas con Europa. Sin embargo, el Ejecutivo, y el propio Sánchez, hace 15 días en Bruselas, se habían escudado siempre en una presunta falta de apoyo parlamentario una eventual tramitación para reducir las penas de sedición. Algo que siempre ha desmentido ERC, por cuanto para sacar adelante la medida tan solo se requiere la mayoría absoluta, es decir, la mayoría que dio la investidura a Sánchez.
Ahora, sin embargo, se abordará no la reducción de las penas, sino la total eliminación del delito. Y, en verdad, si había pocas dudas de que una modificación que mantuviera vigente el delito, pero con unas penas acordes a las que se estilan en otros países de la Unión Europea, habría recabado el apoyo de esos 176 diputados necesarios, la eliminación del tipo penal ancla esa mayoría e, incluso, puede modificar el posicionamiento de algunos, por ejemplo de Junts. Los posconvergentes han señalado siempre que solo la amnistía sería aceptable, para ellos.
