Han pasado cuatro años desde que un atentado contra la sede de la ONU en Bagdad acabó con la vida de Sergio Vieira de Mello y otros 21 trabajadores de la organización, y llevó al entonces secretario general, Kofi Annan, a reducir al mínimo su papel y su presencia en Irak. Ayer, en un giro buscado e impulsado por EEUU y el Reino Unido, una votación unánime en el Consejo de Seguridad devolvió a la ONU un papel político como mediador en el conflicto. La aplicación de la resolución 1770, sin embargo, se enfrenta a un serio obstáculo: los propios trabajadores de la ONU creen que las actuales fuerzas multinacionales desplegadas en Irak, encabezadas por EEUU, no tienen capacidad para protegerles. Se oponen a enviar a otros 30 empleados de la ONU y quieren que sean evacuados los 65 que ya están allí.
El sindicato, que representa a 6.000 empleados en Nueva York y otros 18.000 que trabajan en misiones de paz en el resto del mundo, votó el martes en contra del despliegue. Denunció "el inaceptable nivel de riesgo para la seguridad del personal de la ONU" y aseguró que "el colapso de la ley en Irak ha creado un lugar en el que los trabajadores humanitarios se han convertido en objetivos y peones".
COMPRENSIÓN Y RETO Ayer, el secretario general, Ban Ki-moon, se mostró comprensivo con las preocupaciones del sindicato y aseguró que "la seguridad del personal es de suma importancia". Sin embargo, Ban expresaba también su intención de cumplir con el nuevo papel ampliado. Fuentes de la ONU aseguran que, aunque los empleados del sindicato se nieguen a acudir a Bagdad, hay otros trabajadores que pueden cumplir la misión.
Ban Ki-moon aseguró que no está decidida la cifra concreta de empleados que viajarán a Bagdad, pero se calcula que se pasará de los 65 trabajadores actuales a 95. "Antes de nada necesito apoyo de la Asamblea General que garantice unas condiciones de trabajo seguras para nuestro personal", dijo Ban, quien anunció que pedirá apoyo económico para construir un complejo fortificado en Bagdad. Se calcula que el presupuesto necesario para esa construcción será de 95 millones de euros. Tampoco está decidido aún quién será el enviado especial de la ONU a Irak.
Si la ONU consigue superar las reticencias de su personal, tiene sobre el papel desde ayer el futuro inmediato de su misión. La resolución 1770 extiende por 12 meses el mandato de la UNAMI (siglas de la Misión de Asistencia para Irak de la ONU), le encarga --"si las circunstancias lo permiten"-- "asesorar, apoyar y asistir" al Gobierno iraquí, le otorga un papel de mediador en cuestiones económicas, sociales y humanitarias y le insta a "promover la protección de los derechos humanos y la reforma judicial y legal". El secretario general destacó como uno de sus campos de acción que la ONU "promoverá el diálogo político entre distintos grupos étnicos y religiosos".
Impulsando esta resolución, EEUU ha demostrado el giro que poco a poco ha ido dando en su postura sobre el papel de la ONU en el conflicto, y ayer insistió en destacar la relevancia del acuerdo. Consciente también de que la seguridad de las tropas internacionales es su responsabilidad y uno de los principales escollos a los que se enfrenta para repartir peso en el conflicto, el embajador de Washington ante la ONU, Zalmay Khalilzad, aseguró ayer en el Consejo que "EEUU cumplirá su parte para proteger la seguridad de las fuerzas y darles recursos para que puedan desplegarse".
