En numerosos estados claves en las elecciones hay en marcha una cruda batalla judicial entre demócratas y republicanos sobre quién podrá votar en las elecciones que se celebrarán en solo dos semanas. La palabra "fraude" está en la boca de ambas campañas. El viernes por la noche, la campaña de Barack Obama dio un paso más al exigir por carta al fiscal general, Michael Mukasey, que investigue si la campaña de John McCain, el Partido Republicano y la Administración de George Bush han organizado una operación para impedir el voto a miles de personas.

El punto de partida es que, por un lado, en EEUU es necesario registrarse previamente para votar y que, por el otro, no hay un DNI. Este año, hay nueve millones de personas más registradas, un récord que se atribuye en gran medida a la obamamanía, por lo que una alta participación beneficia a Obama. La cuestión es cómo se comprueba la identidad de los registrados.

FLORIDA En el 2002, el Congreso aprobó una ley tras el controvertido recuento del 2000 en Florida para que los estados actualizaran sus bases de datos. Es potestad de los estados decidir cómo se validan las identidades (es decir, con qué otras bases de datos se cruza la información). Los republicanos, en nombre de evitar el fraude, exigen cruzar los datos con listas como la Seguridad Social, el carnet de conducir o, como ha ocurrido este año, con la gente que ha perdido sus casas en desahucios. Si un dato no coincide (el nombre mal escrito, o la dirección en el caso de los desahucios), se pierde el derecho a voto. Los demócratas están combatiendo en los tribunales lo que consideran un exceso de celo para excluir votantes. Los republicanos se querellan para que las comprobaciones sean exhaustivas.

El argumento republicano es que la lista de votantes debe ser correcta para evitar suplantación de personalidad o que se vote en más de una ocasión. Su gran objetivo es la Asociación de Organizaciones Comunitarias para la Reforma Ahora (Acorn, en inglés), que se dedica a incentivar el registro entre minorías. Acorn ha registrado este año a 1,3 millones de personas mediante empleados que cobran por persona registrada. La consecuencia: hay varias denuncias judiciales de republicanos porque miles de personas registradas por Acorn no existen (Mickey Mouse es un votante registrado). Fuentes anónimas filtraron esta semana a la prensa que el FBI investiga a Acorn.

Si el resultado de las elecciones es muy reñido, ya son muchas las voces que avisan de que puede haber una catarata de recursos judiciales. Y, además, las acusaciones de fraude ya se han convertido en arma arrojadiza.

ACORN Así, la campaña de McCain vincula a Obama --cuyo equipo ha hecho un agresivo esfuerzo para registrar votantes-- con Acorn. Hay varios argumentos: que antes de empezar su carrera Obama trabajó como abogado para Acorn, que la entidad ha pedido el voto para él y que recientemente la campaña del demócrata donó 832.000 dólares (618.000 euros) a la entidad.

La respuesta de Obama ha sido la carta al fiscal general. En el 2006, varios fiscales federales fueron despedidos por el Departamento de Justicia. Los demó- cratas acusaron a la Administración de Bush de haberlo hecho por motivos políticos, porque se negaban a llevar a cabo investigaciones contra los demócratas. El escándalo le acabó costando el cargo al fiscal general, Alberto Gonzales, y salpicó al gurú de Bush, Karl Rove. Entre los motivos políticos para el despido de fiscales, estaba que no querían presentar demandas de fraude en el registro electoral.