"En Paraguay no hubo golpe, sino un cambio de mando ajustado a la Constitución", aseguró el presidente provisional Federico Franco, horas después de que el Senado destituyera en un controvertido juicio político al exobispo Fernando Lugo. Pero la mayor parte de los países latinoamericanos han calificado de "ilegítima" la destitución del presidente.

Yuyo, como se conoce a Franco, nunca se sintió cómodo en la vicepresidencia. Aspiraba a un cargo mayor y rompió con Lugo inmediatamente. Su nombre está asociado a la conjura que, bajo la fórmula de un juicio político exprés, terminó con la gestión del exprelado, a nueve meses de las elecciones generales. Pero Franco no siente remordimientos. "Estoy tranquilo", dijo en su segundo día como presidente para añadir: "Aquí no hay militares en la vía pública". La destitución, agregó, fue apoyada de forma "unánime" por la Iglesia y los partidos políticos.

Para la Unión Sudamericana de Naciones (Unasur), que lidera Brasil, los sucesos paraguayos se parecen demasiado a lo que ocurrió en Honduras hace dos años, cuando fue expulsado del poder el presidente Manuel Zelaya.

La presidenta brasileña Dilma Rousseff adelantó que la región no tolerará lo que ha calificado de "golpe de Estado". "Vamos a contactar con los países vecinos en su momento. Estoy seguro de que van a comprender la situación en Paraguay", confió Franco aunque reconoció que la situación no es fácil y que "hay inconvenientes con la comunidad internacional".

Los senadores colorados y liberales acusaron a Lugo de complacencia durante la ocupación de una finca a unos 240 kilómetros de Asunción, donde murieron un total de 17 personas, seis policías y 11 campesinos. El episodio no ha sido todavía esclarecido y no faltan quienes piensan que todo fue una maniobra, la estocada final, para tumbar a un presidente sin estructura partidaria. A Lugo también se le responsbilizó de fomentar una agrupación campesina que los grandes terratenientes califican de subversiva. Lugo había asumido el poder en el 2008, dejando atrás casi seis décadas de hegemonía del corrupto Partido Colorado. Prometió equidad social y una reforma agraria en un país donde un 2% concentra el 85% de las tierras.