Bolivia se situó ayer en el umbral de un enfrentamiento político irreversible. El Tribunal Electoral informó de que, con el 95% de los votos escrutados, el presidente Evo Morales obtendría su reelección por 14 centésimas de diferencia. Su inmediato competidor, Carlos Mesa, rechazó el veredicto provisional y habló de fraude. Los observadores electorales de la Organización de Estados Americanos (OEA), por su parte, expresaron su «profunda preocupación y sorpresa por el cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares». En las nueve regiones del país tubieron lugar incidentes, con la quema de locales electorales.

Según la Carta Magna, las presidenciales se ganan con la mitad más uno de los votos o cuando existe una distancia de 10 puntos entre los dos primeros competidores. Las actas electorales dan cuenta hasta el momento que Morales, del Movimiento al Socialismo (MAS), ha alcanzado el 46,86% de las adhesiones frente a un 36,72% de Mesa (Comunidad Ciudadana. «El Gobierno, con su decisión de burlar de nuevo la voluntad del pueblo, es el único responsable de la violencia que amenaza a Bolivia», aseguró el candidato perdedor. Rubén Costas, el gobernador de Santa Cruz, la región más rica y hostil al Ejecutivo de Morales, exigió «el respeto del voto ciudadano» que, al 90% de las mesas escrutadas daba cuenta de que Morales y Mesa debían competir en una segunda vuelta el 15 de diciembre.

La Central Obrera Boliviana (COB) y la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), que integra a los movimientos sociales, se declararon en «estado de emergencia y movilización nacional» para defender lo que consideran la victoria inapelable del MAS. «Denunciamos los intereses oligárquicos y privatizadores que se esconden detrás de estas acciones violentas».