50 años del golpe de Estado en Chile

Boric se compromete a buscar a más de mil desaparecidos durante la dictadura de Pinochet

El presidente de Chile, Gabriel Boric, junto a familiares de las víctimas de desapariciones forzadas a 50 años del golpe de Estado.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, junto a familiares de las víctimas de desapariciones forzadas a 50 años del golpe de Estado. / PRESIDENCIA DE CHILE

Abel Gilbert

El intento inédito del presidente chileno Gabriel Boric de comprometer al Estado en esclarecimiento de lo que sucedió con 1162 personas desaparecidas durante la dictadura militar (1973-90) se ha convertido en otro áspero capítulo de la discordia con la derecha a pocos días de cumplirse 50 años del derrocamiento a sangre y fuego de Salvador Allende. "Tengo la convicción de que la democracia es memoria y es futuro. Y no puede ser la una sin la otra", dijo al presentar ante unas 500 personas, parte de ellas familiares de las víctimas de la represión, el Plan de Búsqueda Verdad y Justicia. Boric lo hizo en la Plaza de Constitución, frente al palacio de La Moneda que, el 11 de setiembre de 1973, fue blanco de las bombas de los Sea Harrier. Y desde ese espacio cargado de simbolismo, lamentó que las fuerzas conservadoras decidieran no participar de la ceremonia.

"Es tiempo de subsanar las ausencias y me permito también lamentar esas ausencias que nos duelen tanto, pero también hay ausencias en esta ceremonia", señaló el joven presidente y añadió: "es momento que nos pongamos de acuerdo en algo que es muy básico, que no requiere contexto, que no requiere mayores explicaciones, que es que nunca más vamos a interrumpir la democracia por medio de la violencia y nunca más vamos a violar los derechos humanos de otra persona por pensar distinto, nada más".

El proyecto ha sido dado a conocer el 30 de agosto, el Día Internacional de las víctimas de desapariciones forzadas. Más allá de la efeméride, el Gobierno intenta establecer con su política un punto de corte respecto al pasado. "El Estado es el que cometió esos crímenes, es el Estado el que tiene que hacerse cargo. Eso que pareciera para cualquiera de nosotros algo muy trivial hace toda la diferencia", remarcó en ese sentido el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero.

Las cifras del dolor

Entre el día del golpe y 1990, cuando comenzó la transición democrática, con el general Augusto Pinochet todavía al frente del Ejército y como custodio de la herencia de la dictadura, se estima que 3.200 personas fueron asesinadas. De ese total estimado, se desconoce qué sucedió con 1162 víctimas. En virtud de la iniciativa del Gobierno de izquierdas, lo que se busca es determinar cómo fueron detenidas y luego ejecutadas las víctimas del régimen consideradas desaparecidas. "Se ha diseñado de un modo tal, que sea posible ir estableciendo indicadores de verificación por cada etapa", explicó Cordero.

La novedad respecto del pasado sería el papel de las instituciones castrenses. "Las Fuerzas Armadas y de Orden han entregado información específica en el contexto de esas investigaciones judiciales". El ministro aseguró además que "en el país existen personas que tienen información" y se trata de que a partir de ahora sea pública. Cordero invitó a los dueños de esos secretos, todos ellos vinculados a la represión, a "entregar" los datos que poseen "y así facilitar las indagaciones".

Controversias

La conmemoración de los 50 años del golpe de Estado es objeto de tirantez entre la izquierda y la derecha por cuestiones de interpretación sobre las razones de aquel 11 de setiembre que se proyectan en el presente. Boric no las pasó por alto e hizo mención a las recientes confirmaciones por parte del Tribunal Supremo de condenas contra responsables de violaciones a los derechos humanos. “La justicia ha tardado demasiado. Por cierto, hay que valorar a los jueces valientes y a quienes hasta hoy siguen empujando, pero cuando pensamos que en los últimos días de agosto de 2023 emanan sentencias que condenan a autores materiales de crímenes como el de los asesores de La Moneda o el de Víctor Jara, uno se pregunta también, y es un deber del Estado preguntárselo si la justicia es tal". Según Boric. "algo pasó en el camino y que haya pasado no significa que tengamos que olvidarlo".

El martes, el mandatario había hecho una referencia más puntual al suicidio del general Hernán Chacón Soto, de 86 años, antes de ser arrestado para que cumpliera su condena por el caso Jara. Boric habló de “cobardía” y provocó, 24 horas más tarde, la ira del ultraderechista José Antonio Kast. "Quien utiliza una tribuna para denostar a alguien, es un cobarde". Republicanos, la fuerza de Kast, que es hegemónica en el Consejo Constituyente que debe redactar la Carta Magna, le exigió al presidente que pida disculpas a la familia de Chacón Soto.

Autocrítica de un comandante del Ejército

Los debates sobre lo sucedido hace 50 años también involucran a los uniformados. El excomandante en Jefe del Ejército, Ricardo Martínez Menanteau, sostuvo durante la presentación de su libro 'Un Ejército de Todos', que la política de desapariciones llevada a cabo por las autoridades castrenses ha sido "uno de los mayores agravios al ‘ethos (conducta) militar’, ayer, hoy y siempre".

Martínez Menanteau dijo que como comandante de esa arma tuvo la convicción de "la necesidad de revisar las actuaciones del Ejército de Chile durante el período reciente de su historia". A su criterio "era evidente que persistía una fractura con una parte de la sociedad, originada en gran medida durante el gobierno militar". A su criterio, si bien "el seguimiento estricto de las órdenes superiores, en las distintas estructuras del Ejército, es la norma", y se establece "una obligación legal y reglamentaria" en relación a esas disposiciones, "no se puede obligar a un subalterno" a cumplir una acción "si no está amparada en la legalidad". No fue eso lo que ocurrió.

"La principal responsabilidad recae en quienes ostentaban los más altos cargos, que no pudieron o no quisieron frenar las resoluciones que llevaron a conductas que estaban totalmente reñidas con el actuar ético militar", expresó el excomandante. En medio de su discurso, se escuchó el grito de "traidor". Lo profirió el exmilitar Jaime Ojeda Torrent, condenado en primera instancia como cómplice de 15 homicidios en el Caso Caravana de la Muerte, el operativo llevado a cabo en el norte chileno apenas consumado el golpe de Estado que provocó la desaparición de 97 personas.