Una comisión del Congreso brasileño acusa a Bolsonaro de ser el autor intelectual del intento de golpe contra Lula

Sucedió lo esperado. Una comisión parlamentaria que investigó el intento de derrocamiento del presidente de Brasil, Luiz Ignacio Lula da Silva, el pasado 8 de enero, aprobó este miércoles, por mayoría, su informe final en el que acusa a su antecesor, Jair Bolsonaro, de ser el "mentor intelectual" de aquella trama golpista.

En virtud del resultado, debe ser remitido a la Fiscalía General, que analizará las denuncias y decidirá si son susceptibles de abrir una causa judicial.

De acuerdo con el texto, el excapitán del Ejército es responsable de los cargos de asociación ilícita, violencia política, abolición violenta del Estado de Derecho y golpe de Estado.

Antes de que se conociera el resultado, Bolsonaro criticó fuertemente el trabajo de los legisladores. "La propuesta de acusación -además de la ausencia de cualquier elemento que vincule al expresidente con los actos investigados- es parcial, tendenciosa y totalmente pavimentada por un sesgo político y no jurídico, olvidando incluso la ostentosa crítica a los actos de vandalismo hecha en las redes sociales el 8 de enero", hizo saber a través de una nota.

La CPI consideró, después de meses de trabajo, que Bolsonaro "nunca mostró simpatía por los principios democráticos", al punto de "atentar desde el primer día contra las instituciones del Estado".

55 acusados

Bolsonaro, quien ha sido inhabilitado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para ejercer cargos públicos por ocho años, por haber intentado perturbar los comicios en los que fue derrotado por Lula, no es el único imputado por los sucesos el 8E. La CPI ha acusado a otras 55 personas, entre las cuales se encuentran cinco exministros del Gobierno de ultraderecha que funcionó entre 2019 y el primer día de este año, así como excomandantes de la Marina y del Ejército y figuras del bolsonarismo más radical, como la diputada Carla Zambelli, quien antes de las elecciones amenazó en la calle con un revolver a un ciudadano.

Como era de esperar, las fuerzas que todavía sostienen a Bolsonaro, en particular el Partido Liberal, rechazaron el contenido del informe con argumentos insólitos: Lula es el verdadero responsable del asalto a las sedes de los tres poderes por las "omisiones" en el área de seguridad que "facilitaron" las acciones de destrucción que espantaron a los brasileños.

El 8E, se señala, no fue un hecho aislado, sino la consecuencia de una escalada que, tras la victoria de Lula, incluyó, además de las sistemáticas amenazas de Bolsonaro, bloqueos de carreteras realizados por camioneros, los campamentos ante cuarteles del Ejército para exigir una intervención militar, atentados frustrados en Brasilia y un borrador de "decreto golpista" hallado por la Policía en Brasilia.

Las “fake news”, que fueron una herramienta de uso común durante el Gobierno de ultraderecha, también jugaron un papel desestabilizador, se señala en el documento de la CPI. Los problemas de Bolsonaro no termina con la investigación parlamentaria. El excapitán tuvo que presentarse ante la Policía Federal sobre otra de las causas conexas: el grupo de Whatsapp que reunía a empresarios afines al presidente en el que se hablaba sin pudores de un posible golpe de Estado. Esta vez, se abstuvo de hablar y sentó por escrito su posición.

Bolsonaro también es investigado por otros escándalos como el robo de joyas donadas por Arabia Saudí. Ha sido denunciado por la muerte de 800 indígenas por organismos humanitarios.

El trabajo de la comisión parlamentaria, sin embargo, va a remolque de la investigación en la Justicia, que ha aceptado las denuncias presentadas contra 1.390 acusados de la asonada, de los cuales seis ya han sido condenados a penas que llegan a 17 años de prisión.