Cerco legal a Airbnb: el alojamiento turístico en Nueva York vuelve al 'underground'

El alojamiento cuando se visita Nueva York nunca ha sido económico. Eso no ha cambiado pero encontrar dónde quedarse, y más si se busca una alternativa a los hoteles, se ha hecho mucho más complicado. Porque una nueva legislación ha puesto patas arriba el modelo de Airbnb y de otras plataformas como Vrbo o Booking.com. Y aunque no es la primera ciudad de Estados Unidos ni del mundo que intenta poner coto a los alojamientos turísticos, con los 63 millones de visitantes y turistas que espera este año y como uno de los mercados inmobiliarios más calientes del mundo, cómo se desarrolla su caso se sigue con especial expectación.

Tras superar varios retos judiciales, el 5 de septiembre entró en vigor la Ley Local 18, una normativa aprobada en 2022 que refuerza y amplía regulaciones y códigos municipales y estatales que ya existían, pero no se aplicaban a rajatabla. Estos prohíben a caseros o inquilinos alquilar casas o apartamentos por menos de 30 días si no cumplen varios requisitos: estar presentes durante la estancia de los huéspedes, que estos no sean más de dos y que tengan acceso sin restricciones a toda la vivienda, que no puede estar en una propiedad de renta antigua.

Lo que la nueva ley hace es establecer y aplicar de forma estricta nuevos requerimientos de registro. Y establece multas tanto para quienes no cumplan los requisitos y sigan alquilando como para las plataformas que acojan las ofertas de alguien que no haya recibido aprobación y un número de registro oficial de la Oficina de Cumplimiento Especial de la alcaldía, donde el complejo proceso burocrático va lento. La ciudad había recibido para el 9 de octubre casi 4.800 solicitudes (previo pago de 145 dólares), había revisado 1.700, cerca del 60% las había devuelto para que revisaran datos o hicieran correcciones y había aprobado solo 481.

Aunque se ha dado un periodo de gracia hasta el 1 de diciembre antes de empezar a multar, el efecto de la ley ha sido inmediato. Entre agosto y octubre desapareció de Airbnb casi el 85% de la oferta según datos de Inside Airbnb, un proyecto centrado en el impacto de la plataforma en comunidades residenciales. Si en verano se podía elegir entre 22.437 opciones, para este mes solo quedaban 3.227.

'Vuelta al undergound'

Se han ratificado y superado los cálculos de la alcaldía, que había estimado que unos 11.000 de los anuncios de Airbnb eran ilegales. Pero no quiere decir que las casas y apartamentos que se han evaporado de esa y otras plataformas hayan desaparecido del mercado.

Bordeando o directamente saltándose la legalidad, proliferan los anuncios, que se han mudado a sitios como Facebook Marketplace o Houfy, una plataforma similar a Airbnb pero que se limita a conectar oferta y demanda dejando entre las partes los arreglos económicos.

Viejos y nuevos grupos de Whatsapp se llenan de peticiones, recuperando la vía de alquileres a través de conexiones de conocidos, o conocidos de conocidos, que siempre ha sido una alternativa en la búsqueda de alojamiento en Nueva York.

Resucita también Craigslist, ese gran bazar digital donde es conveniente operar con altas dosis de intuición y precaución pero donde también se produce a menudo la magia neoyorquina. Y en el espartanamente diseñado tablón de anuncios online se podía encontrar esta semana, por ejemplo, un apartamento en Midtown por 150 dólares por noche, más 75 por la limpieza. Quien ha colgado el anuncio ofrece descuentos del 15% para quien lo quiera más de 30 días pero reconoce: “Realmente no busco estancias largas”.

Apoyos y detractores

La Ley 18 cuenta con el apoyo de quienes consideraban indispensable poner freno a un mercado que ha contribuido a las subidas del precio de los alquileres en la ciudad (en 400 dólares anuales según un estudio del Instituto de Política Económica), a la gentrificación y a un agravamiento de la crisis de la vivienda en una urbe que el activista Michael McKee ha definido como “un desierto en términos de vivienda disponible y accesible”.

Esos defensores de la ley combaten la imagen más amable de Airbnb como una herramienta que permite romper el monopolio hotelero y ayuda a personas individuales sacar unos ingresos extra. Y se apoyan en estudios que muestran que cada vez más de las ofertas de la plataforma se concentraban en un pequeño número de “caseros profesionales”, con múltiples propiedades y que actúan como “minicompañías de hoteles”.

Entre los detractores de la ley está, por supuesto, Airbnb. La empresa, que en 2022 ganó 85 millones de dólares en Nueva York, un 1% de su beneficio anual, ve la normativa como “un veto en la práctica” y su director de política global, Theo Yedinsky, dijo que “la ciudad está mandando un claro mensaje a millones de potenciales visitantes que ahora tendrán menos opciones de alojamiento cuando visitan Nueva York: no son bienvenidos”.

La ley también cuenta con la oposición de propietarios e inquilinos que alquilaban por días sus casas o apartamentos, que acusan al ayuntamiento de haber cedido a la presión del lobi hotelero. Este mes la media de precio de una habitación en Nueva York está en 502 dólares, un 8% más que hace un año.

450 de esos propietarios de viviendas unifamiliares o con dos unidades se han agrupado en RHOAR (siglas en inglés de Restaurar la Autonomía y los Derechos de los Propietarios) y ya se han reunido con el alcalde buscando una excepción, algo que un portavoz de Eric Adams ha sugerido que el primer edil respaldaría si el consejo municipal aprueba la legislación. El grupo de lobi destaca que un cuarto de sus miembros ingresan menos de 75.000 dólares al año y que la mitad son de una minoría racial, pero que una de sus impulsoras sea dueña de un 'brownstone' de cinco millones de dólares en Midtown, y que ya fuera multada en 2019 por alquilar su casa por 2.000 dólares la noche, no está, precisamente, ayudando a su causa.

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