El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, dijo ayer que se pondrá en marcha un plan extraordinario para resolver "en los próximos 30 ó 45 días los casi 400.000 expedientes" de inmigrantes que están bloqueados en la Administración pública. Con ese fin se buscará personal de apoyo dentro del propio aparato estatal, declaró. El ministro afirmó que el objetivo es "tener revisados todos los expedientes antes de las vacaciones de agosto" para evitar cualquier perjuicio a los solicitantes.

Recalcó que el propósito "es que nadie resulte perjudicado", por lo cual la Administración "interpretará las normas con la máxima flexibilidad para que quienes tengan un empleo puedan continuar en él".

Por otro lado, afirmó que en la revisión del reglamento de extranjería se evalúa la posibilidad de incluir que un extranjero que tenga una oferta de empleo pueda recibir un permiso de trabajo temporal, aún cuando no tenga permiso de residencia. Esto favorecería --explicó-- los flujos migratorios regulares, evitaría la economía sumergida y los abusos a los que dan lugar las contrataciones ilegales.