Políticos por un día. Los castellonenses transmitieron ayer a Mediterráneo sus propuestas para que los gobiernos --central, autonómico y municipal-- esquiven la crisis económica.
La vivienda y el empleo centran las preocupaciones del colectivo de 26 ciudadanos consultados, que ven prioritario que la Administración adopte medidas dirigidas a bajar el precio de los alquileres, ofrecer más ayudas para la vivienda, bajar el precio de la misma y conseguir rebajar las cuotas de la hipoteca, ya sea con el descenso del euríbor, subvenciones directas o más deducciones en el impuesto del IRPF.
"Los hijos de los pobres también tienen derecho a vivienda. Es increíble que en pleno siglo XXI los jóvenes tengan que vivir de los padres", manifiesta María Teresa Alicart. Y es que varios vecinos, incluso los de mayor edad, ofrecen su total apoyo a la juventud, que consideran uno de los colectivos más dañados por el mercado laboral y el acceso a un hogar, con pocas posibilidades para la emancipación si no se crea más trabajo, con salarios dignos y un precio asequible para comprar una vivienda.
VIVIENDA PÚBLICA Pero es que para muchos ya no es una vía ni la VPO ni siquiera el alquiler. "Hay que intervenir para bajar el precio de los alquileres, es imprescindible compartir piso con otras personas para poder pagarlo", explica Hermina Casandrescu, empleada del hogar y residente en la capital de La Plana desde hace seis años.
Para otros vecinos su particular crisis es disponer de más recursos para vivir dignamente, y claman porque las autoridades apliquen la ley de dependencia.
La petición es unánime para que los políticos se pongan de acuerdo y dejen de lado las diferencias para sacar adelante a la provincia. Sobre las medidas adoptadas por ahora, hay opiniones varias, unos las consideran suficientes y otros proponen más. Pero un sentir generalizado, un tema que ocupa todas las tertulias de café, es la aportación de fondos a los bancos. Todos conocen al detalle la decisión del Gobierno de otorgar avales para operaciones de financiación de la banca por valor de 100.000 millones de euros y el fondo de hasta 50.000 millones para comprar activos sanos y así generar liquidez y apertura del grifo.
Los castellonenses exigen un férreo control de las entidades financieras para que el dinero público llegue en forma de créditos a las familias y pequeña y mediana empresa, para lograr mano blanda en los préstamos.
La bajada del Índice de Precios al Consumo (IPC) es otra demanda fundamental. "Antes iba al supermercado con 50 euros y ahora con eso no compro nada", reclama María Pilar Blanco.
