Nueva estrategia del Ministerio de Hacienda para luchar contra la economía sumergida en la provincia de Castellón. La Dirección del Catastro ha comenzado a comunicar a los alcaldes que llega a Castellón, en este 2014, la aplicación del Plan Especial de Regularización Fiscal 2013-2016 que tiene “por objeto la lucha contra el fraude fiscal inmobiliario” y, como consecuencia, “el impulso de la financiación local”. Dicho de otro modo: va a iniciar una campaña de inspecciones con las que peinará toda la provincia para aflorar aquellas viviendas que se han edificado, pero no están dadas de alta, ya se trate de inmuebles urbanos o rústicos con construcción, así como también de las posibles alteraciones de sus características en las existentes. Rehabilitaciones de casas de campo que se convierten en masías de interior, transformaciones de viviendas de costa o en las marjalerias que acaban siendo chalets, dar de alta a bloques de viviendas terminados pero que no han pedido la cédula de habitabilidad para no pagar impuestos, la modificación de la altura de la estructura para ganar vivienda en plantas, construcciones de piscinas, ampliación de terrazas, cerramientos de espacios... son solo algunos de los supuestos van a ver a la luz.
Nada va a quedar fuera del control de Hacienda. Según ha podido saber Mediterráneo, hace pocos días, un grupo de 16 alcaldes fue llamado a una reunión a la sede central de la Agencia Tributaria en Castellón, el Catastro provincial informó de las novedades. Acudieron munícipes de ciudades como Burriana y Almassora, pero también de les Useres, Llucena, Ares o les Coves de Vinromà, por citar algunos.
CÓMO FUNCIONARÁ // La Agencia Tributaria va a poner el trabajo en manos de una empresa especializada. Según se explicó, el sistema es muy sencillo. Se cotejan fotografías actualizadas y obtenidas mediante un potente sistema óptico, con una imagen de alta precisión, con la última radiografía en poder del Ministerio.
La dos fotografías superpuestas dejan en evidencia ipso facto las diferencias. Es decir, todo lo que se ha construido o modificado de más. A partir de ese momento, se comunicará a los afectados la irregularidad, contra la que caben alegaciones.
También estos propietarios cazados deberán abonar la tasa de regularización catastral, de 60 euros. En esta primera fase no habrá sanción por la irregularidad, dado que lo que se pretende es aflorarla, para darla de alta. Sí la habría en una segunda fase, si se hallan nuevas viviendas sin estar dadas de altas o en las alteraciones posteriores.
Experiencias previas piloto de Hacienda ya han aflorado de “un 30 a un 40% más de irregularidades de las inicialmente previstas”. Veremos qué pasa en Castellón. H
