Castellón es la segunda provincia española en la que ha crecido el ritmo de la recaudación del Estado (+15,7%) en el último año, solo por detrás de Jaén (25,4%) y la comunidad uniprovincial de Murcia (+19,9%), mientras que en lo que llevamos de este 2017 se mantiene en índices similares, lo que la coloca en la mitad superior del ránking hasta julio.
El vistazo al entorno territorial revela que los avances de los castellonenses en las aportaciones a las arcas nacionales mantienen una pauta récord en términos relativos, ya que duplican el promedio del conjunto de la Comunitat, del que tira hasta elevarlo al 7,4%, ya que los aumentos en Alicante (+8,4%) y Valencia (+6,3%) son sensiblemente más limitados.
Mientras, la media de aumento estatal de los ingresos por impuestos apenas llega a un modesto 2,6% al cierre del 2016 sobre el ejercicio precedente.
Tendencia inversa
Se trata de una evolución que sigue ahora estrictamente la tendencia inversa que la registrada durante los largos años de recesión. De hecho, el economista castellonense Enrique Domínguez explica que «en los momentos crisis la recaudación fiscal del Estado llegó a hundirse, de manera que ahora el acusado crecimiento en porcentaje es solo porque se van recuperando posiciones perdidas».
Aunque valora como una buena noticia los avances, Domínguez deja claro que las diferencias de datos con el entorno «no significan que estemos mejor que en el resto de la Comunitat o que en España en la misma medida en la que sube la aportación en impuestos en la provincia».
Recuerda que la economía está creciendo a un ritmo ligeramente superior al 3% en Castellón, tal y como se estima a partir de las cifras existentes sobre el conjunto de la Comunitat Valenciana. Añade que «no hay aspectos que nos permitan decir que estamos mejor que los demás».
Economía sumergida
El veterano economista pone también el foco sobre los elevados índices de economía sumergida que aún están vigentes en la economía española, un comportamiento al que no escapa el territorio castellonense, con el equivalente a más del 20% del PIB que escapa al control del fisco, tanto en forma de empleo en negro, como en trabajos por los que no se factura el IVA o la evasión pura y dura. En todo caso, la lucha contra las actividades al margen de la legislación fiscal es un camino en marcha, con resultados desiguales y rodeado de polémicas políticas y técnicas, por las diferencias de criterio sobre las políticas que deben seguirse.
En el caso de la Comunitat, los servicios tributarios del Consell afloraron el pasado año 21,5 millones en impuestos defraudados tras 9.168 comprobaciones de valor sobre compraventas y bienes heredados o donados. Según los datos de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, estas liquidaciones se realizaron en 2016.
