L as ciudades ya no son como eran hace 100 años y el tiempo, tampoco. Los periodos de sequía se alternan con episodios cada vez más frecuentes de lluvias torrenciales e inundaciones, la catástrofe natural que más daños genera. De hecho, se calcula que solo en España cada año provocan daños por valor de 800 millones de euros. Y Castellón está en el mapa de esa España inundable. Nada menos que 10.129 personas de la provincia pueden verse afectadas en un periodo de 10 años por crecidas de ríos, avenidas de agua y avance de la línea de costa. Dentro de un siglo, esa cifra podría superar las 38.000 personas.
El Observatorio de la Sostenibilidad, junto a la escuela de negocios de seguros Cecas y el Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros, acaba de presentar un estudio sobre el riesgo de inundaciones en España en la franja de los primeros 10 kilómetros de costa, y la población en riesgo que la habita. ¿La conclusión? La Comunitat Valenciana es la región más vulnerable. En el periodo de 10 años, casi 150.000 valencianos pueden verse afectadas por una gran inundación, casi la mitad del total de toda la costa española. De esas 150.000, algo más de 10.000 viven en Castellón, en concreto en la zona que va desde Vinaròs a Peñíscola.
Castellón es una de las provincias con más riesgo de inundaciones (Valencia lidera el ránking nacional) y la culpa no solo la tiene su posición geográfica. El informe del Observatorio de la Sostenibilidad concluye que la mayor parte de las áreas artificiales en riesgo de inundación son consecuencia «de la construcción impulsada por el sector turístico inmobiliario, ocupando amplias extensiones cercanas a la línea de costa, que en muchas ocasiones irrumpen en las áreas de inundación de cursos muy irregulares».
El estudio del Observatorio de la Sostenibilidad enumera las zonas de más riesgo y también ofrece una lista de recomendaciones. «Habría que priorizar la transmisión de la información a la población afectada para que conozca el riesgo exacto para cada una de sus propiedades y viviendas», apunta su director, Fernando Prieto. Además, sería necesario mantener una red de alerta rápida para evitar situaciones críticas que se repiten periódicamente; aplicar la información de forma preventiva y para el planeamiento urbano; etiquetar y calificar las edificaciones frente al riesgo de inundaciones y, en aquellos puntos cuyo riesgo sea muy elevado, obligar a la retracción de la superficie urbanizada.
