La inestabilidad política en Cataluña, con el artículo 155 de la Constitución todavía en vigor, continúa provocando la fuga de empresas. En los últimos seis meses, un total de 74 firmas catalanas han trasladado su sede social a Castellón, y 355 lo han hecho a algún punto de la Comunitat.
Son los últimos datos que maneja el Colegio de Registradores de la Propiedad, que evidencian que este fenómeno, que comenzó el pasado mes de octubre, todavía no ha tocado techo debido a que la inestabilidad continúa. La proximidad geográfica con la provincia de Tarragona provoca que Castellón, con mucha menos población, sea casi tan apetecible para las mercantiles catalanas como Alicante, donde se han trasladado otras 77 compañías.
DOBLE EFECTO
Con la situación política enrocada, la gran duda para los expertos es hasta qué punto los efectos pueden trasladarse a la economía real. Los miembros del Comité Económico y Social (CES) advirtieron ayer de que el conflicto catalán puede beneficiar de forma colateral a la economía castellonense, pero que la situación también esconde riesgos. Uno de sus vicepresidentes, Ricardo Miralles, quiso distinguir entre el traslado de sedes y el de la actividad productiva, algo que «por lo que sabemos todavía no ha ocurrido».
No obstante, argumentó que si la situación se sigue degradando a nivel político, las consecuencias económicas podrían aumentar, «e incluso las empresas pueden optar por traer la producción», explicó Miralles. Además, añadió que «si posibles inversores no ven seguridad jurídica en Cataluña, por proximidad la Comunitat Valenciana puede verse beneficiada y atraer estas inversiones».
No obstante, el responsable del CES también advirtió de los riesgos de un conflicto prolongado e incluso de una hipotética ruptura, debido a la importancia de los intercambios entre ambas autonomías. En este sentido, Miralles afirmó que la Comunitat «vende más mercancías a Cataluña que a países como Alemania».
