Su manejo es sencillo, pero son muy pocos los ciudadanos que pueden protegerse con una pistola o un revólver. En Castellón solo pueden hacerlo 23 personas. Ni una más. Son las que cuentan con la licencia de armas cortas del tipo B, un permiso que la Guardia Civil concede solo en aquellos casos donde la amenaza está contrastada, además de a militares, policías o guardias civiles ya retirados. Y su número va claramente a menos. Hace tan solo 12 años eran un total de 52.
Veintitrés personas de Castellón pueden pasear por la calle con una pistola siempre que esté oculta (en el conjunto nacional la cifra asciende a algo más de 8.000, según datos del Gobierno), pero armas hay muchísimas más. La provincia tiene registradas 47.154 que están en manos de 23.320 ciudadanos, según las cifras facilitadas por la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón. La mayoría se utilizan para la caza mayor y menor, el tiro olímpico o el coleccionismo.
Que en Castellón existan algo más de 47.000 escopetas, rifles o revólveres significa que hay un arma legal por cada 12 vecinos. En el conjunto nacional la cifra asciende a casi tres millones (2.918.136) y, de ellas, un 75% son escopetas seguidas por los rifles, que representan el 11%. España es, además, uno de los países con una regulación más restrictiva en la Unión Europea respecto al acceso a las armas. De hecho, se encuentra en la mitad de la tabla en el mundo en la tasa de armas por habitante (uno por cada diez ciudadanos) y en la parte más baja del ránking europeo, que lideran Finlandia, Alemania y Francia.
Quizás por eso, y también por el coste que conlleva sacarse la licencia, el número de personas con permiso para tener un arma va a la baja año tras año. Un dato. En 2016, y siempre según fuentes de la Comandancia de la Guardia Civil, la cifra de licencias ascendía a 35.000. «Para obtener una licencia hay que superar un examen de capacitación en dependencias de Guardia Civil y, una vez superado, se debe presentar una instancia de la solicitud careciendo de antecedentes desfavorables, un certificado médico y pagar las tasas», explican desde la Comandancia. El coste del permiso asciende a unos 200 euros.
CADA VEZ MENOS ARMERÍAS // La armería Benages, en la calle Cabanes de Castelló, es uno de los pocos establecimientos de este tipo que quedan en la provincia. En los últimos años, y a medida que sus propietarios se jubilaban, han ido cerrando muchos negocios y hoy la cifra de armerías casi puede contarse con los dedos de una mano. «Nosotros nos dedicamos, fundamentalmente, a la caza mayor, y vendemos sobre todo rifles y munición», apunta su gerente, Sara Guart, que asegura que la caza es una tradición en Castellón se mantiene viva.
Pero una cosa son las armas legales y otra las ilegales. Cada año son una docena los ciudadanos de Castellón que acaban investigados por tener armas prohibidas, sin licencia o almacenar explosivos. Así se desprende de la última memoria de la Fiscalía General del Estado, correspondiente a 2017. Obviamente, son solo una ínfima parte de los poseedores ilegales. Su número real escapa a cualquier posible cuantificación al tratarse de una actividad en la sombra. De los datos se desprende, además, que el número de investigados tiende a aumentar, y entre 2016 y 2017 aumentó por encima del 20%.
