Los continuos fallos que la gestión de la demanda telemática da a jueces y procuradores del partido judicial de Castellón, entre otros, han obligado a la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, a tomar la decisión de cambiar de programa. No obstante, la mudanza no será inmediata y por ello la responsable autonómica se reunió ayer en la capital de la Plana con todos los actores implicados en un intento de encontrar una solución temporal al problema.
La propia Bravo reconoció que es «un misterio» que la demanda on line funcione «perfectamente» en lugares como Elche o Dénia y que, en cambio, los problemas no cesen en Castellón». Esta medida se implementó el pasado febrero para agilizar los trámites judiciales, pues permite remitir todo tipo de escritos por internet, aunque sus resultados están muy lejos de ser óptimos.
En el encuentro, en el que la Generalitat se comprometió a reforzar la asistencia técnica mientras el sistema no funcione correctamente, participaron, entre otros, el presidente de la Audiencia Provincial, José Manuel Marco, además de técnicos de Conselleria, de la Dirección General de Nuevas Tecnologías y de la empresa responsable de la instalación. Asimismo, hubo representación de los colectivos de magistrados, procuradores y graduados sociales.
El objetivo es resolver las incidencias en el corto plazo. Una de las cuestiones que más preocupa a los profesionales de la justicia es que realizan todo el proceso con normalidad, pero a la hora de ver el documento final el visor falla, con lo que no pueden tener la seguridad de que se ha enviado. Ello, reconoció Bravo, genera una «enorme incertidumbre», que se comprometió a trabajar para evitar. Asimismo, aseguró que mientras persistan las dificultades se mantendrá la posibilidad de presentar las demandas en papel, pese a que supone «un gasto para la Conselleria».
NUEVO PROGRAMA // No obstante, el malestar entre jueces y procuradores por una medida que debería facilitar su trabajo desde febrero es tal que la Generalitat ya ha decidido dar un vuelco a la situación. Así, ha habido reuniones con responsables de la administración de justicia navarra para cambiar en toda la Comunitat el actual programa (Cicerone) por el utilizado allí, que ha dado mejores resultados (Avantius). Según Bravo, «también otras comunidades, como Aragón, se han interesado por este software».
No obstante, fuentes de su departamento explicaron que la implantación de este nuevo sistema de gestión procesal llevará como mínimo un año, por lo que solo es una alternativa a largo plazo.
