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los médicos de prisiones piden más personal ante la sobrecarga de trabajo

Las cárceles de Castellón son las únicas de España sin psiquiatras

Facultativos alertan de que hay solo seis médicos para 1.800 presos en la provincia. Reos de Castellón y Albocàsser ya no tienen asistencia para patologías mentales

 

Imagen de la cárcel ubicada cerca de Castelló y que en la actualidad cuenta con casi 1.200 internos. - MEDITERRÁNEO

NÚRIA B. BIGNÉ nbalaguer@epmediterraneo.com CASTELLÓN
24/04/2019

La Organización Médica Colegial, entidad que agrupa a todos los colegios de médicos a nivel nacional, denuncia la falta de facultativos que sufren las cárceles de Castelló y Albocàsser y pone de manifiesto que la provincia es la única de España en la que los presos con patologías mentales no reciben asistencia psiquiátrica en prisión. Así lo confirma a Mediterráneo Carmen Hoyos, médico penitenciario y coordinadora de Sanidad Penitenciaria en la vocalía de Administraciones Públicas de esta organización.

Según datos proporcionados por el organismo sanitario, en los dos centros penitenciarios de Castellón hay un total de 1.797 presos y solo seis médicos (cuatro en la capital y dos en Albocàsser).

Hoyos asegura que «ambas cárceles se están quedando sin facultativos debido, principalmente, a la diferencia salarial con respecto a otros profesionales». Sostiene que un médico «puede cobrar en un centro de salud 1.500 euros más que uno destinado a una prisión, donde además trabajan bajo gran presión, con internos que pueden ser violentos y con un volumen de trabajo grande». La representante médica afirma que los médicos de prisiones dependen de Interior, ya que las competencias de los mismos no están transferidas todavía a la Generalitat --al contrario que en Cataluña o el País Vasco--. Sin embargo, Hoyos sostiene que la asistencia la presta siempre la Conselleria, «sin perjuicio de que luego la pague otra administración».

Por lo que respecta a la ausencia de asistencia psiquiátrica en las cárceles de la provincia, insiste en que es «una cuestión ética y social» y que supone «una discriminación». «Cuatro de cada diez internos tienen una patología mental y no tienen seguimiento. Solo son atendidos en caso de urgencia», critica Hoyos.

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