Castellón tiene un importante déficit de viviendas sociales, como informó Mediterráneo, ya que hay casi 1.000 familias en riesgo de exclusión social pendientes de acceder a una. Una problemática que comparte la capital de la Plana y que el Ayuntamiento quiere empezar a paliar mediante la puesta en marcha de una nueva bolsa de alquiler a partir del 1 de enero, con mejores condiciones para los propietarios de inmuebles. El objetivo es engordar el parque actual para que «ninguna persona se quede sin ese derecho constitucional de vivienda digna».

Son palabras de la alcaldesa, Amparo Marco, que fue la encargada de presentar en una comparecencia telemática esta iniciativa de la concejalía de Vivienda, liderada por María Jesús Garrido. El objetivo es «romper la barrera» que impide incorporar más inmuebles al alquiler, indicó Marco, quien recordó la herencia que recibió el equipo de gobierno hace cinco años, con inmuebles sobre los que «no había control» y algunos de ellos «insalubres».

Garrido detalló las condiciones de esta nueva bolsa, que ofrece ventajas como que los arrendatarios que cedan pisos vacíos en condiciones de habitabilidad reciban 1.500 euros para compensar la limitación del precio en el momento de firmar el contrato; bonificación del IBI del 90 %, asesoramiento de la Oficina Municipal de Vivienda y contar con hasta 3.500 euros para sufragar posibles desperfectos e impago. Asimismo, tendrán prioridad en las ayudas municipales a la rehabilitación

Esta bolsa establece que el precio máximo del metro cuadrado será de cuatro euros y que las viviendas no podrán tener menos de 60 metros cuadrados ni más de 100, por lo que la mensualidad máxima será de 400 euros.

«Los precios siguen disparándose, lo que lleva a un altísimo índice de desahucios por alquiler», explicó la concejala, quien indicó que el plan estratégico de vivienda elaborado desde el Ayuntamiento muestra que «unas 7.000 viviendas necesitan rehabilitación o reforma» y que el 60% fueron construidas antes de 1980. «Los grandes tenedores poseen una bolsa de unas 1.500», continuó la concejala, quien culpó a las entidades bancarias y a los fondos buitre de «especular».

La alcaldesa puso en valor durante su intervención las acciones centradas en adecentar y ampliar el parque público, a través del Área de Regeneración y Renovación Urbana del barrio de la Guinea; o la reforma sostenible de un edificio de la avenida Capuchinos. Marco afirmó que actualmente hay «una demanda de 4.600 viviendas en la ciudad», concretó. La Generalitat, por su parte, debería duplicar la oferta actual de inmuebles solo para cubrir las necesidades que tiene la provincia.