La Unión de Consumidores (UCE) y Automovilistas Europeos Asociados (AEA) urgen al Gobierno a «desbloquear» el conflicto con los examinadores, y a «acabar con la lista de espera para sacarse el carnet de conducir», que en Castellón suma 1.500 personas. Además, le instan a clarificar «si se va a privatizar el servicio» como planteó ayer la asociación provincial de autoescuelas en Mediterráneo.

Juan Carlos Insa, portavoz de la UCE en Castellón, señala que «se tendría que desbloquear la situación, que viene de lejos y está muy enquistada: debería tomar alguna resolución, a través de la mediación o el arbitraje». Para Insa, «no tiene sentido que los usuarios paguen una situación que les es ajena por completo». «Hay personas que necesitan el carnet de conducir para trabajar o para desplazarse por sus estudios, y esto les pone en una situación complicada, ya que, además, el transporte público deja mucho que desear, y hay poblaciones bastante incomunicadas, y donde el coche es necesario», dice.

Por su parte, el presidente de AEA, Mario Arnaldo, critica que el ciudadano se haya convertido en «rehén de unas reivindicaciones laborales, aunque sean muy legítimas». «Alguna solución se le tendrá que dar, porque la situación está causando graves perjuicios a los alumnos», manifiesta.

¿PRIVATIZACIÓN? // Ambos piden al Gobierno aclarar si piensa externalizar el servicio. «Se debe resolver definitivamente si el examen lo pueden privatizar o si solo podrían emitirlo funcionarios, en cuyo caso tendría que haberse resuelto ya el conflicto. Si al final lo que se quiere es privatizar, que se haga cuanto antes, pero si es un problema económico, no pueden convertir a los ciudadanos en rehenes», indica Arnaldo.

Por contra, Insa no ve la privatización como solución. «No nos gusta especialmente ,porque puede suponer a largo plazo un incremento en el precio de los servicios y en una merma de calidad, pero, si no se llega a ninguna solución quizás sería la única salida», argumenta, si bien considera que sería «preocupante que el Gobierno se desentendiera del tema para privatizarlo».

Arnaldo, por su parte, evidencia la contradicción del Ejecutivo central: «No entiendo por qué la recuperación de los puntos sí se considera un servicio público esencial para el ciudadano y se ha otorgado en régimen de concesión en lugar de liberalizarlo, y sacarse el carnet no lo consideran igual; o una cosa u otra». Arnaldo reivindica que el ciudadano pueda acudir a cualquier autoescuela a recuperar los puntos.