Las consecuencias de la bajada del Impuesto de Bienes Inmuebles han generado fricciones en el tripartito que gobierna Castelló. Podem-EUPV, la formación minoritaria en el Acord de Fadrell, está «descontento» por cómo se ha gestionado la reducción de la recaudación por el IBI, y los ajustes consiguientes en los presupuestos del Ayuntamiento que encabeza la alcaldesa Amparo Marco, del PSPV. «El malestar nace porque no hemos tenido respuesta para poder discutirlo», aseguran fuentes de la confluencia. El otro partido en el gobierno municipal, Compromís, admitió mediante el portavoz Ignasi Garcia que «las formas a la hora de debatir cuestiones fiscales no han sido las que nos hubieran gustado».

El conflicto surge a la hora de encarar la reducción de ingresos por el IBI. La formación asamblearia «asume» los dos millones de euros menos por la revisión de catastro, pero su intención pasaba por compensar esa bajada reformulando las ordenanzas fiscales para equilibrar la balanza y «no recortar presupuestos».

Alternativas // En concreto, proponían aumentar el IBI a la actividad especial del Puerto, a las viviendas vacías en manos de grandes propietarios y a las actividades de mayor volumen de facturación como industrias y centros comerciales, y subir la tasa de basuras a las grandes actividades económicas, medidas que el PSPV no contempla. Además, el problema latente no es tanto el qué sino el cómo. «Queríamos que se estudiara», añaden desde Podem, «pero estamos descontentos porque no ha habido respuesta, en especial por parte del PSPV». Cabe recordar que además de los dos millones por el IBI, el consistorio debe gestionar otros cambios: 600.000 euros que solía recaudar de la AP-7, y que perderá tras la liberación del peaje, y el coste de 1,5 millones de la subida salarial a los funcionarios, condicionada por el Gobierno central.

Instrucción // Con estos mimbres, la instrucción con la que se está elaborando cada plan departamental en las concejalías es reducir un 10% gastos e inversiones, con independencia de los ajustes que se puedan dar a la hora de concretar el presupuesto. Esta instrucción ha acentuado el malestar en Podem. «Lo estamos estudiando, pero no estamos de acuerdo», apuntan, «y es algo que queremos discutir. Compromís, por su parte, prefiere centrarse en el «compromiso» adquirido para «elaborar un plan fiscal a 3 años vista para mejorar servicios públicos, actualizar retribuciones a los trabajadores según marca la legalidad y desarrollar una estructura de recaudación lo más progresiva y equitativa posible». «Estaremos siempre en esa línea», zanja Ignasi Garcia.

De manera oficial, el gobierno municipal defendió ayer que sus cuentas están «tan saneadas que permiten asumir la reducción de ingresos». El consistorio destacó asimismo que ha reducido la deuda de «una forma considerable», en los últimos años, de 82 millones de euros en 2015 a 38,7 al final del 2018. La intención del Ayuntamiento es prolongar esa «tendencia de reducción». Por ello, apunta que sus «objetivos» a la hora de afrontar la reducción de ingresos han sido «no aumentar la presión fiscal» y «reforzar la eficiencia del gasto público».

Por otro lado, PP y Ciudadanos también se posicionaron al respecto. Begoña Carrasco, la portavoz popular, señaló que todavía hay «margen para bajar impuestos» y recordó que Castelló es «la ciudad, tras Madrid, que más IBI cobra en España». Indicó que «la mitad del presupuesto está por ejecutar», y que para eso «es mejor dejar el dinero en el bolsillo de los castellonenses y que lo administre cada uno como quiera». En términos similares se expresó el portavoz de Ciudadanos, Alejandro Marín-Buck, que afirmó el problema está «en la gestión». «Aplaudo que se baje el IBI, lo malo es adonde se destina el dinero, y las prioridades del tripartito no son las de los cuidadanos», dijo