Sonia B. es fotógrafa pero su trabajo no le da para abrir un estudio, darse de alta como autónoma y pagar el IVA cada tres meses. Esta joven de Castellón de 28 años tiene ingresos, pero no son regulares. «En invierno apenas trabajo. En temporada de bodas y comuniones sí tengo más faena, pero si hago la media de todo el año lo que gano no me da para cubrir gastos, ni tan siquiera para pagar la cuota mensual», resume. Para no tener que trabajar en negro, Sonia ha optado por integrarse en una cooperativa de facturación, una fórmula de negocio que está creciendo con fuerza y que cada vez cuenta con más adeptos en Castellón, sobre todo entre los profesionales más jóvenes. El problema es que esta fórmula está en el límite de la legalidad y ahora el Ministerio de Empleo la está investigando.

El sistema de funcionamiento de las también llamadas cooperativas paraguas no es nada complejo: el trabajador se registra como socio de la cooperativa pagando la inscripción y realizando un pequeño depósito que oscila entre los 60 y los 80 €. A partir de este momento, es la propia plataforma la que emite la factura en nombre del profesional, cobrando a cambio una pequeña cuota mensual, en torno a un 6% en gastos de gestión, un 2% de IRPF, un 10% de Impuesto de Sociedades y las cotizaciones correspondientes en el Régimen General. Las ventajas para el profesional son claras: no tiene que afrontar los costes que conlleva cotizar por ser autónomo (la cuota mínima es de 275 euros, tras la subida del mes de julio) y está dado de alta en la Seguridad Social.

Que las cooperativas de facturación están en auge en Castellón es algo que confirman desde la Federación Valenciana de Cooperativas de Trabajo Asociado (Fevecta) que lleva más de un año alertando de la proliferación de esta fórmula. «Son muchas las personas que nos llaman a diario interesándose por las posibilidades de las llamadas cooperativas de facturación, una opción que ha proliferado en los últimos años y que se publicita como válida, legal y ventajosa para profesionales freelance o autónomos», explica Emilio Sampedro, presidente de Fevecta. El problema, añade, es que esos autónomos «no siempre saben que no son socios de una cooperativa, como tampoco conocen las obligaciones y derechos que de ello se derivan».

Sampedro defiende que las cooperativas de facturación no son cooperativas. «El objeto social de una cooperativa de trabajo es proporcionar empleo a sus socios y a sus trabajadores en las mejores condiciones posibles. Las de facturación, en cambio, no pretenden generar trabajo a sus socios, ya que cada uno de los profesionales que se asocia aporta ya sus clientes», describe el propio presidente de Fevecta.

EMPLEO ABRE UNA INVESTIGACIÓN

Hasta ahora nadie había cuestionado la legalidad de una fórmula que está en clara expansión. Pero su proliferación en los dos últimos años está empezando a jugar en su contra y el Ministerio de Empleo ya ha puesto en marcha un plan de inspección (en las últimas semanas ha fiscalizado a varias firmas) para investigar la legalidad de estas cooperativas, estudiando si suponen un perjuicio real para el sistema de la Seguridad Social. De hecho, la Inspección de Trabajo sospecha que este tipo de negocios no son más que una auténtica tapadera para la economía sumergida.