Empresarios investigados en el caso Subdelegación declararon ayer en el Juzgado de Instrucción número 1 de Castellón durante toda la mañana. Los proveedores del organismo gubernamental estaban citados desde las 10.00 horas y dieron su versión de los hechos en turnos de aproximadamente una hora. La tensión era evidente en los pasillos de la tercera planta de la Ciudad de la Justicia, donde aguardaban el abogado del Estado, los letrados defensores y los empresarios, quienes fueron llamados a declarar de uno en uno, en presencia del secretario judicial, la fiscal y el magistrado que instruye el caso.
«Estoy nervioso por el trance, pero tranquilo porque no he hecho nada», dijo uno de los investigados en declaraciones a este diario. «Si todos los días viniera al juzgado, estaría tranquilo, pero no es el caso», dijo el proveedor, quien prefirió no revelar ni su identidad ni los servicios prestados a la Subdelegación.
Entre los llamados a declarar se encontraba también un carpintero de Castellón, quien reconoció, instantes previos a su comparecencia, haber prestado servicios a la institución «muchos años atrás». «Yo me enteré de todo cuando me llamó la Policía Nacional. Me dijeron que fuera a la comisaría con una abogada y que estaba imputado», reveló en conversaciones con Mediterráneo.
«No me acusaron directamente, me preguntaron sobre mi empresa, mis facturas, etc. Decían que cómo era posible que en un mismo día hubiera acudido para encolar 30 ó 40 mesas y sillas», explicó el carpintero de la capital.
Otra de las empresarias, quien todavía es proveedora de la Subdelegación, manifestó: «Solo el hecho de venir aquí, ya supone un mal trago». Admitió estar investigada porque el concepto de las facturas podría no corresponderse con el servicio prestado.
