La Fiscalía Provincial de Castellón ha abierto diligencias de investigación penal tras la denuncia presentada por La Unió de Llauradors en relación a la implantación en el campo de variedades de cítricos procedentes de otros países -en este caso la Sigal- antes de pasar, supuestamente, los preceptivos requisitos de análisis y saneamiento en el centro de referencia español en cítricos, el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Así lo ha anunciado La Unió, quien había presentado el 22 de diciembre una denuncia, en la que argumentaba que en el sector citrícola se están adoptando prácticas que podrían vulnerar presuntamente lo establecido en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre de sanidad vegetal. Según la organización agraria, estos hechos, presuntamente ilícitos, perjudican a los agricultores que deben pagar posteriormente elevadas cantidades económicas en concepto de royalties una vez concedida la licencia de explotación de estas variedades y verse obligados a regularizar sus plantaciones. Además, lo considera un grave peligro para la sanidad por ser variedades plantadas sin garantías sanitarias, al no haber pasado la cuarentena, pudiendo infestar al resto de plantaciones citrícolas con plagas o enfermedades.
