El informe de licitación de obra pública de la patronal de las grandes constructoras Seopan arroja un balance catastrófico para la provincia de Castellón: el año pasado, el Gobierno y el Consell licitaron en las comarcas castellonenses la mitad de lo que les correspondería en base a su población.
Ninguna de las dos grandes administraciones sale bien parada en las estadísticas extraídas del Boletín Oficial del Estado. Y es que el Ejecutivo central licitó en Castellón obras por valor de 25,6 millones. Es decir, 44,53 euros por cada uno de los 575.470 castellonenses (según el padrón del INE del 2017) mientras en el conjunto del Estado la media por habitante fue de 82,66 euros .
En el caso de la Generalitat, mientras en el conjunto de la Comunitat sacó a concurso nuevas infraestructuras por valor de 73,35 euros por valenciano, en la provincia esta ratio se redujo hasta los 33,27 euros. Es decir, bastante menos de la mitad.
Y ello a pesar de que la Administración autonómica aumentó sus cifras en la provincia. De hecho, casi las cuadriplicó, al pasar de los 4,9 millones de euros del 2016 a 19,1 en el año pasado. Pero aun así, desde el Consell solo llegó a Castellón el 5,28% del total de sus licitaciones, que se elevaron a 362,4 millones de euros. Un balance como para echarse a llorar. Más satisfechos deben estar en Alicante, con 49,6 millones de euros, y sobre todo en Valencia, que recibió obras por valor de hasta 247 millones.
En cuanto al Estado, después de licitar en el 2016 el nuevo trazado de la N-232 en el puerto de Querol (por 65 millones de euros), el montante del año pasado se quedó en 25,6 millones, poco más de un tercio de los 70 que en total sacó a concurso en el 2016 en la provincia. Solo algún contrato de mantenimiento de carreteras logró maquillar una estadística nefasta, que remarca que a Castellón solo llegó el 0,666% del total de las licitaciones del Gobierno central, que se elevaron a casi 3.850 millones de euros en el conjunto de España. Sin grandes obras, Castellón prácticamente volvió a las cifras de los peores años de la crisis.
Impulso municipal
Con todo ello, tan solo la Administración local (los ayuntamientos y la Diputación) registró unas cifras de licitación aceptables. Con 33 millones de euros, las corporaciones municipales tiraron de la obra pública en la provincia en un hecho poco habitual a lo largo de los últimos años y con la mayor cifra desde el 2011, cuando todavía habían planes estatales de obra pública municipal.
Así las cosas, el panorama para las empresas de obra pública de la provincia es desalentador. La escasa licitación (los 77,75 millones de euros que entre las tres administraciones salieron a concurso en el territorio castellonense el año pasado suponen un 15,4% menos que los 91,9 del ejercicio anterior) se suma a la falta de obras en marcha, ya que solo la citada mejora de la N-232 en Querol avanza a duras penas.
