El aumento del gasto en prestaciones por desempleo durante los años de crisis ha llegado acompañado de un incremento del fraude. En Castellón, el Ministerio de Trabajo cifra en 3,6 millones de euros el cobro indebido de prestaciones por desempleo, según el último informe enviado al Tribunal de Cuentas con datos relativos al 31 de diciembre de 2014. Se trata, en su mayoría, de perceptores que no cumplían los requisitos o que cobraban el paro pese a recibir otras ayudas incompatibles o estar trabajando. En estos casos, el Gobierno les exige la devolución del dinero y, si no se produce de forma voluntaria, se puede ordenar incluso el embargo de bienes o cuentas.

A petición del Tribunal de Cuentas, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social elabora todos los años un inventario con la cuantía de cobros indebidos que tiene pendientes de devolución en los que se incluye no solo el fraude detectado mediante la inspección laboral, sino también el descubierto tras cruzar datos con otras administraciones. El saldo acumulado en España asciende a 328,1 millones de euros. En la Comunitat, los desempleados adeudan algo más de 37 millones de euros: 14,6 corresponden a Alicante y 19,1 a Valencia.

El proceso administrativo para la tramitación y recuperación de la deuda se inicia con el envío al deudor de un escrito comunicándole el importe de aquella y su causa, así como los plazos para formar alegaciones (15 días) y resolver el expediente (3 meses). Transcurrido este plazo, si la administración no ha dictado la resolución definitiva y la ha notificado al interesado, se produce la caducidad del procedimiento.

El Tribunal de Cuentas también alerta en su último informe de fiscalización sobre las “deficiencias” en el control de cobros indebidos de pensiones y pone en evidencia los retrasos en la reclamación de estos pagos, lo que ha provocado la prescripción de algunas deudas. A nivel nacional, ya no se pueden reclamar por haber prescrito algo más de diez millones de euros. La cifra en Castellón es meramente testimonial y se reduce a un solo caso, por el que las arcas públicas dejarán de percibir 29.000 euros. H