El subdelegado del Gobierno en Castellón, David Barelles, firmó las facturas falsas y los cheques al portador que investigan el Juzgado de Instrucción número 1, la Fiscalía y la Policía Nacional en el marco de la presunta trama de malversación y falsificación documental urdida por dos habilitados de gastos (con funciones similares a las de un tesorero), en colaboración con pequeños empresarios de Castellón.

Barelles --subdelegado desde el 2012-- ha declarado en calidad de testigo en la causa que está abierta. Ante las preguntas de los investigadores, aseguró que desconocía las irregularidades detectadas durante años, pero reconoció su rúbrica en los documentos que están bajo sospecha.

Unas ilegalidades destapadas por una funcionaria de la Subdelegación, que puso los hechos en conocimiento de la policía el pasado verano al sospechar de unos recibos de repostaje de gasolina --uno de los interventores ponía combustible en su vehículo y lo facturaba como carburante de un coche oficial que estaba parado--. Como ya informó el martes este diario, el fraude detectado no se limita únicamente a los mandatos de Barelles y se remonta a otras legislaturas anteriores. Los investigadores se centran en los últimos diez años por ser el periodo que todavía no está prescrito --los anteriores sí--.

ETAPAS ANTERIORES / Una década que abarca, asimismo, la etapa como subdelegado del Gobierno en Castellón de Antonio Lorenzo --actual concejal de Seguridad en el Ayuntamiento de Castellón y portavoz del PSPV en la Diputación--. El que fue subdelegado entre los años 2007 y 2012 todavía no ha sido citado a declarar.

El volumen de documentos analizados por la Fiscalía Provincial, los agentes y el juez instructor es elevado. Se trata, como avanzó ayer este diario, de más de un millar de facturas falseadas o, directamente, ficticias; además de cheques al portador, según ha podido saber este rotativo de una de las partes implicadas.

Los mismos justificaban cantidades que van desde los 100 a los 2.000 euros y que, por el momento, rozan el millón de euros en total. Sin embargo, el montante real podría incrementarse, pues la investigación del caso continúa todavía abierta y no se descartan nuevas diligencias.

Pequeños empresarios de la provincia se lucraban, además de los dos delegados de gastos (tesoreros), con el pitufeo que durante años ha imperado en la Subdelegación en una presunta trama de malversación y falsedad documental. No son los únicos delitos que se investigan, ya que el entorno familiar de los dos exinterventores están siendo analizado para determinar un presunto blanqueo de capitales. Y es que, como publicó ayer este diario, el patrimonio de los tesoreros se encuentra en el punto de mira.

PATRIMONIO / La investigación indaga acerca de sus casas en la playa y sus cuantiosos fondos de pensiones. Unos bienes que, aunque ellos decían que formaban parte de herencias familiares, están bajo sospecha por si pudieran ser fruto del pitufeo denunciado.