El Ministerio de Hacienda pone ahora su foco en las empresas públicas deficitarias y exige su cierre. Lo hace en cartas que han comenzado a llegar esta semana y que la Generalitat, que ayer alertó del problema, teme que continuarán en estos días. Aunque el objetivo de Hacienda es luchar contra el déficit público, tanto el director general de Administración Local del Consell, Antoni Such, como los ayuntamientos que ya han recibido las misivas, califican la exigencia de “ataque a la autonomía local”, en palabras del alcalde de Morella, Rhamsés Ripollés, una de las localidades castellonenses a las que ha llegado la carta.

Y es que, según Such, la solicitud de disolución “automática” del Ministerio, en virtud de la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, puede ser “ilegal” porque “no da pie a que los ayuntamientos puedan presentar un recurso” contra la decisión. Además, esta orden de Hacienda se realiza cuando el gobierno está en funciones y hay “al menos una sentencia en contra de la aplicación” de la norma en que se basa el Ejecutivo. “Esto es insólito”, señala Such.

Por ello, el director general de Administración Local califica el caso de “agresión sin precedentes del Gobierno de España” a los ayuntamientos. No en vano, las sociedades públicas municipales “prestan servicios esenciales para los ciudadanos”. Así sucede en Morella, donde Centre Integrat de Serveis Económics (Cise) “coordina la brigada, gestiona el centro de día, se encarga del servicio de promoción económica, de turismo...”, indica Ripollés.

fundaciones // La capital de Els Ports no es la única localidad provincial donde ya se ha recibido la orden. A Segorbe también se le ha comunicado la disolución de la Fundación Max Aub, la única que en España apoya el legado del poeta y que respalda el Ministerio de Cultura, que es patrono. Y es que las fundaciones públicas también se ven afectadas.

La exigencia de Hacienda puede poner en jaque a muchas firmas públicas provinciales. Una de las más importantes, Reciplasa, parece que no se verá amenazada. Y es que la sociedad que gestiona la basura de media provincia no incurre en pérdidas, al ingresar los ayuntamientos sus aportaciones “antes de los resultados”, indica su presidente, Enric Nomdedéu.

Para luchar contra el Ministerio, la Conselleria se reúne mañana con la Federación Española de Municipios y Provincias. H