La incapacidad de ciudadanos y empresas para cumplir con los compromisos financieros, para pagar deudas, ha sido en Castellón uno de los pilares que ha arrastrado a la baja a la economía en general desde 2008. El difícil proceso que vive la patronal CEC, y del que ha dado cuenta Mediterráneo, solo es un ejemplo entre tantos, si bien de especial relevancia.

La mejora de la situación global en este sentido ha sido progresiva en los últimos años, con descensos en la morosidad bancaria, que ahora se encuentra en el 9,4%, en niveles previos a la crisis, por causas que en un primer momento de repunte positivo de los indicadores se limitaron al drástico descenso de la actividad, pero que ahora incluyen un cambio cultural y social protagonizado por la mayor prudencia.

los números // En este contexto se sitúa la evolución de las cifras de efectos comerciales impagados, que continúa en un proceso de caída libre consolidado desde hace ya cinco ejercicios. En el último año, esos impagados sumaron un total de 16.494, una cifra que supone apenas el 14% de los 118.889 que se registraron en el 2008. Por otra parte, el valor económico de los efectos no abonados en tiempo y forma supuso 31,9 millones de euros, una cantidad que implica aún 2,2 millones al mes, pero que solo representa el 6% de los 496,3 millones de deudas por este concepto que se contabilizaban en la provincia hace solo siete años.

Desde la economía real, el responsable de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) en la Comunitat Valenciana y Castellón, Rafael Pardo, coincide en su valoración con la tendencia que marcan las estadísticas y afirma que, “efectivamente, se reduce la mora y en buena medida se debe a que cada vez hay más prudencia por ambas partes, tanto del proveedor, como del comprador, a la hora de cerrar un contrato que no implique un pago a realizar al contado”. Pardo añade que “el acceso a la financiación también es más complicado, y este es un factor más que se suma a las causas de la evolución”.

Por otra parte, y en lo que se refiere a la morosidad de las administraciones públicas, el portavoz de ATA indica que “sigue mal”.

Asevera en este sentido que “el plazo de pago que la ley marca es de 30 días y la Generalitat, por ejemplo, está pagando hasta en 80 días”. No obstante, Rafael Pardo matiza que “la situación va mejorando poco a poco” y recuerda que las pyme reclaman “que haya sanciones para que a las administraciones públicas no les salga gratis incumplir”. H