Archivada la causa de supuestos pagos irregulares a la concertada que denunció la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra. La decisión ha ha adoptado el juzgado de Instrucción número 3 de València, que ha sobreseído de forma provisional una de las piezas abiertas contra supuestas irregularidades en los conciertos con centros educativos, concretamente, una relacionada con el presunto cobro de horas lectivas que no se impartieron.
Este archivo fue solicitado por la Fiscalía, al entender que no existían indicios de ilegalidad sino una supuesta responsabilidad por parte de los funcionarios que no comprobaron el exceso de horas respecto del concierto educativo de cada centro.
La Abogacía de la Generalitat no se opuso a dicho archivo, aunque sí a la remisión del asunto al Tribunal de Cuentas -como solicitó el fiscal anticorrupción- por considerar que no procede la deducción de testimonios por un "simple descuadre administrativo".
Según detalla el juez en su auto "la responsabilidad sobre la que se puede pronunciar el Tribunal de Cuentas es sobre una conducta contraria a la ley que origine un menoscabo de caudales públicos, pero esta responsabilidad no concurre si se afirma -como se desprende de una sentencia citada por el abogado de la Generalitat- que no ha habido perjuicio a los caudales públicos".
En consecuencia, y dado que no hay partes personadas que interesen la continuación del procedimiento (Compromís remitió la denuncia a la Fiscalía pero no se personó en el procedimiento), el juez ha acordado el sobreseimiento provisional de las actuaciones.
La Fiscalía Anticorrupción interesó el archivo de otros asuntos que afectaban a la educación concertada y relacionados con el supuesto pago de salarios a liberados de la patronal de la educación concertada y personal ya jubilado.
En la pieza abierta por el supuesto pago de salarios a liberados de la patronal concertada el juez imputó al presidente de la Federación de Centros de Enseñanza de la Comunitat Valenciana (Feceval), José Manuel Boquet, y a la misma federación, que ya ha presentado escrito de adhesión a las peticiones de Fiscalía a través de su abogado, Vicente Boluda Crespo.
En un escrito presentado el pasado mes de mayo, y contrariamente a las tesis que sostuvo Compromís en su denuncia, el fiscal expuso que esos pagos estuvieron avalados por un convenio que estuvo vigente hasta 2010 y que se "prorrogó implícitamente" hasta 2014.
