Las investigaciones judiciales se cuelan en la política municipal de Castellón y marcan la agenda a menos de cuatro meses de las elecciones municipales del 26 de mayo, elevando día a día el clima de crispación entre los partidos, con cruces de acusaciones y críticas continuas que terminan por salpicar a todos.
El año empezó con el foco puesto en el equipo de gobierno y en la última semana ha derivado hacia la bancada popular. El 11 de enero se hizo efectivo el cese de la edila de Compromís Ali Brancal en aplicación del código de buen gobierno por estar investigada (imputada) por un presunto delito de malversación de fondos públicos, el caso de los sobres. El 1 de febrero anunció su dimisión, por sorpresa, el concejal socialista Antonio Lorenzo y el jueves de esta misma semana, el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Castellón lo ha citado a declarar en calidad de investigado por un presunto delito de malversación y falsedad documental, en el caso Subdelegación.
Entre la dimisión de Lorenzo y su citación judicial se ha reabierto el caso Púnica, que ya parecía amortizado en el Palau Municipal. En base a un informe de la UCO de la Guardia Civil que se entregó en enero al juez instructor de la trama, se acusa al portavoz adjunto del PP, Juan José Pérez Macián, de un supuesto delito de fraude en materia de contratación pública por contratar un plan de medios con cargo a fondos municipales para potenciar la imagen de Bataller cara a los comicios municipales del 2015.
Toda la corporación municipal sale salpicada
Los tres socios del Pacte del Grau (PSPV, Compromís y Castelló en Moviment) pasan página con Lorenzo, que ya ha dado un paso atrás con su renuncia, y piden explicaciones al PP por la Púnica. El PSPV de Amparo Marco pide la dimisión de Pérez Macián, y ordena investigar los presuntos pagos a la trama del 2005 al 2015, durante los mandatos de los exalcaldes Alfonso Bataller y Alberto Fabra. Mientras, la portavoz del PP, Begoña Carrasco, no está dispuesta a olvidar a Lorenzo y contraataca con la petición de una comparecencia de Marco en el pleno del 28 de febrero para que hable sobre la situación del exedil.
La precampaña arranca fuerte. El último pleno, hace apenas una semana, fue un presagio de lo que estaba por venir, cuando la elaboración de un mapa de riesgos de corrupción rescató los reproches que ya se lanzaron entre bancadas en el pleno monotemático de corrupción, en febrero del 2018, del que salió la querella de Pérez Macián contra Brancal que ha desembocado en su cese y la denuncia, también del PP, contra el portavoz de CSeM, Xavi del Señor, ya archivada, por presuntos delitos de información privilegiada y cohecho en la compra de una vivienda en la Marjaleria.
Ciudadanos tampoco esquiva a la Justicia, con su portavoz, Cristina Gabarda, pendiente de señalamiento de juicio por un presunto delito de injurias graves contra el presidente del PP, Miguel Barrachina, por una difamación en redes en noviembre del 2015.
PP: La trama ‘Púnica’ apunta a Pérez Macián
La Guardia Civil registró el Ayuntamiento de Castellón en junio del 2015 para requisar contratos firmados con Madiva Editoral, investigada en la trama Púnica. El entonces alcalde, Alfonso Bataller, y su edil de Hacienda, Juan José Pérez Macián, declararon en junio del 2015 durante la instrucción de una macrocausa con más de 90 imputados, entre los cuales no están ellos. Ahora, la Guardia Civil ha entregado un informe al juez instructor alertando de un posible fraude en contratos públicos, que tendrá que investigar y que podría conllevar la imputación del todavía concejal del Ayuntamiento, Pérez Macián.
PSPV: Lorenzo, imputado por el ‘caso Subdelegación’
El magistrado Enrique Marí, titular del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Castellón, decidió esta semana investigar al exconcejal de Gestión Municipal, Personal y Seguridad Ciudadana de Castellón, Antonio Lorenzo, por el caso Subdelegación del Gobierno. Recibida la documentación de la investigación, dirigida por la Policía Nacional y adelantada por este periódico, Marí citó al exsubdelegado y a cinco empresarios para declarar en calidad de investigados (antes imputados) y determinar si existió falsedad documental y malversación de caudales públicos. Lorenzo está citado para declarar el 11 de abril. Presentó la dimisión de sus cargos --como concejal del Ayuntamiento de Castellón y diputado-- el pasado viernes 1 de febrero.
Compromís: Brancal está investigada por los sobres
La Audiencia abordará el 21 de marzo el recurso de apelación presentado por la concejala de Compromís Ali Brancal y el exvicealcalde y actual secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu, solicitando la nulidad de las pruebas --los sobres-- aportadas por el concejal popular Juan José Pérez Macián en la querella por la que están siendo investigados. Un litigio que tienen abierto por un presunto delito de malversación de fondos públicos --y en el caso de Nomdedéu también por una supuesta falsedad documental-- al haber enviado, presuntamente, propaganda electoral de Compromís de las elecciones europeas del 2014 a través del correo municipal. De momento, este caso forzó el cese de la exvicealcaldesa de todas sus funciones, que se hizo efectivo en enero.
Ciudadanos: Gabarda y las injurias a Barrachina
La portavoz de grupo municipal de Ciudadanos, Cristina Gabarda, está pendiente de señalamiento de juicio por un presunto delito de injurias graves contra el actual presidente del PP, Miguel Barrachina, por publicar en redes sociales un fotomontaje del diputado nacional entre rejas, en la jornada de reflexión de las Elecciones Generales de noviembre del 2015.
CSeM: Archivan la denuncia a Del Señor por su casa
El 23 de febrero del 2018, el PP denunció ante la Fiscalía al portavoz de Castelló en Moviment, Xavi del Señor, por presuntos delitos de información privilegiada, cohecho, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas en la compra de una vivienda en la Marjaleria. Una denuncia que fue archivada en septiembre, según explicó el mismo Del Señor, al considerar el fiscal que la compra se realizó «en parámetros de aparente legalidad» por lo que archivó «al no existir indicios de criminalidad». En el último pleno, el PP volvió a sacar el tema.
