El presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, interpreta como un intento de «atacar» a estas instituciones para «tapar otros asuntos», en referencia a la corrupción, el anuncio del president Ximo Puig de una nueva ley que busca trasvasar competencias de las administraciones provinciales a los ayuntamientos. Moliner tacha la preparación de la nueva norma de «maniobra del Consell a la que recurre cuando se le agotan los temas», y recuerda, además, que «la justicia ya dijo que la Generalitat no tiene competencias para legislar sobre esta cuestión».
El presidente provincial hace alusión así a los decretos de coordinación de deportes y turismo con los que el Ejecutivo autonómico ya intentó, sin éxito por el varapalo de los tribunales, restar poder a las diputaciones.
Moliner no es el único en hacer esta interpretación. Su homólogo en Alicante, César Sánchez, también del PP, asegura que no va «a permitir que el Consell rompa la unidad de España y elimine las diputaciones», subraya.
Sánchez es «contundente» a la hora de defender «la importancia de las administraciones provinciales y su necesaria función en el mapa político actual».
Por su parte y en plena resaca de la operación Alquería que ha implicado la dimisión del presidente de la Diputación de Valencia, el socialista Jorge Rodríguez, la portavoz popular en esa institución, Mari Carmen Contelles, dice precisamente que «Puig ahora pretende eliminar la Diputación» en «un intento de desviar la atención ante los casos de corrupción que afectan a su partido».
Por su parte, la vicepresidenta del Consell y coportavoz de Compromís, Mónica Oltra, quiere desvincular la norma para retirar poder de las diputaciones del proceso judicial por el que se detuvo a Rodríguez y a cinco altos cargos más en Valencia, acusados de prevaricar y malversar. Mientras, el portavoz de Podem, Antonio Estañ, pide que el «vaciado» de las diputaciones se «garantice» durante esta legislatura.
