Tempestad en la Justicia Gratuita. Una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la justicia gratuita en Bélgica establece que este servicio debe estar sujeto al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Al calor de esta decisión, la Dirección General de Tributos española ha decidido cambiar su propio criterio establecido hace tres décadas y establecer la obligatoriedad de pagar el 21% de IVA.
Los abogados ya han montado en cólera y han solicitado que la Agencia Tributaria deseche este criterio, pero mientras el departamento que dirige Cristóbal Montoro toma una decisión, los profesionales se preguntan quién va a pagar este 21%. Hay tres opciones posibles: que sea el propio letrado, el beneficiario o la propia Administración.
La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, tiene bastante claro que en su departamento no se van a hacer cargo de un presupuesto añadido del 21%. «Se trata de un sinsentido que la ley establezca que las comunidades que tienen transferidas las materias de Justicia, no solamente abonen el coste del servicio del turno de oficio sino que, además, tengan que pagar a Cristóbal Montoro el 21%»; explicó la consellera. «Yo prefiero destinar ese 21% a inversión en medios materiales y personales para asegurar el buen funcionamiento de los juzgados», añadió al tiempo que aseguró que en una reunión que se celebrará el 22 de febrero trasladará al ministro Rafael Català su opinión «totalmente contraria».
