La Conselleria de Políticas Inclusivas e Igualdad que preside Mónica Oltra, quien ayer visitó diversos centros sociales de la provincia, mantiene su previsión de que al término de este año serán unos 8.000 los castellonenses a quienes llegará la nueva renta valenciana de inclusión, pero continúa sin aportar datos sobre cuántas peticiones se han presentado desde la entrada en vigor de la ayuda, hace más de veinte días.
La cifra, que supera ligeramente la estimación de poco más de 7.600 de la que informó Mediterráneo, la apuntó también ayer el secretario autonómico de Inclusión, Alberto Ibáñez, tras presidir en l’Alcora una jornada comarcal sobre el Plan Valenciano de Inclusión y Cohesión Social.
Ibañez señaló que aún no cuentan con los datos de incidencia de las nuevas ayudas en la provincia, aunque valoró que «ha ido muy bien», informa J. Nomdedéu.
Desde el departamento de Oltra explicaron que no hay cambios en la situación por la que «la tramitación de la renta en su primera fase se hace a través de los ayuntamientos, así que hasta que no llegue la propuesta municipal, junto con la propuesta de itinerario laboral (en los casos que proceda), no se podrá disponer de datos autonómicos, ya que en las territoriales se hace la parte de resolución administrativa.
El pasado viernes, tras la última reunión ordinaria celebrada por el Consell, su portavoz y también vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, dio a conocer los criterios aprobados por el Ejecutivo autonómico para poder acceder a la nueva prestación, que sustituye a la anterior renta garantizada de ciudadanía.
los requisitos de acceso // Para estar en condiciones de solicitar la renta es preciso contar con la residencia de un año en la Comunitat Valenciana, o bien haber vivido cinco de los últimos diez en algún punto de este territorio, una condición que, sin embargo, no será exigible a las mujeres víctimas de violencia de género, de explotación sexual o tráfico de personas, ni a los refugiados, asilados o desplazados forzosos.
También los ciudadanos que no dispongan de recursos económicos o sean inferiores a la cuantía de la renta de inclusión; los mayores de 25 años o de 16 y tengan personas a su cargo o de 18 y hayan tenido un trabajo remunerado podrán pedir la prestación.
Las ayudas, con carácter inicialmente indefinido, son de 515 euros para una persona en la unidad de convivencia; 603 para dos; 662 para tres; 706 para cuatro; 750 para cinco; y 809 para seis, y se puede añadir un complemento del 25% para la vivienda habitual y consumo energético, con lo que la cuantía final a percibir oscilaría entre las cantidades que van de 643 a 1.011 euros.
