El Ayuntamiento de Castellón se ha visto obligado a convocar un nuevo pleno extraordinario la próxima semana -con el día todavía por confirmar- tras la presentación de alegaciones a las ordenanzas fiscales aprobadas provisionalmente el pasado 7 de noviembre. La sesión servirá para abordar las alegaciones y dar luz verde de forma definitiva a unas ordenanzas fiscales que tienen que estar aprobadas antes del 31 de diciembre para poder entrar en vigor el 1 de enero del 2017.
La Federació d’Associacions Ciutadanes, Consumidors i Usuaris de Castelló -a través de su representante Amalio Palacios- registró ayer en el Ayuntamiento las alegaciones, el último día de plazo. En estas, solicitan «la retirada de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por servicio integral de recogida y transporte de residuos municipales y su integración en el recibo del IBI, como se realiza en numerosas ciudades españolas y así como se venía haciendo en nuestra ciudad, derogándose por lo tanto el aumento previsto de la misma».
La presentación de estas alegaciones creó cierta confusión entre los grupos municipales, sobre todo porque hoy está previsto el pleno para aprobar los presupuestos del 2017 y no sabían si el hecho de tener alegadas las ordenanzas podía condicionar las cuentas. Tanto es así que las ordenanzas fiscales se colaron en la sesión ordinaria de ayer, en el turno de ruegos y preguntas, y forzaron a esclarecer las dudas incluso al interventor municipal.
Las dudas, apuntadas por las portavoces de Ciudadanos y PP, Cristina Gabarda y Begoña Carrasco, eran de carácter jurídico: ¿Se puede aprobar el presupuesto sin haber aprobado las ordenanzas? El interventor esclareció durante el pleno de ayer que «sí», que en los presupuestos solo se recoge «una previsión de ingresos» y que de las ordenanzas, ley de presupuestos del Estado y de la Generalitat, dependerá después la ejecución del mismo.
