La concejala de Castelló en Moviment Paz Beltrán considera que el coste económico para proteger a las personas afectadas por la pobreza energética tiene que recaer sobre las grandes compañías eléctricas. «Las ayudas a las personas que no pueden pagar la luz ni el gas no pueden ser una transferencia de ingresos públicos para estos oligopolios», indicó Beltrán. Estas declaraciones se producen a raíz del reglamento del nuevo bono social aprobado hace un año por el PP, el PSOE y Ciudadanos. Según la edila, «han tardado diez meses para regular un decreto que se tenía que convalidar de urgencia». Además, reclama que las empresas informen a Servicios Sociales antes de cortar el suministro por impago. RD
