El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, aseguró ayer que los trámites de matriculación en centros educativos «siguen con normalidad» y que la suspensión cautelar de la aplicación del decreto de plurilingüismo es «cautelarísima y no llega al fondo del asunto». En respuesta a una pregunta de la portavoz del PP, Isabel Bonig, el jefe del Consell insistió en que dicho decreto «cuenta con el informe favorable de la Abogacía de la Generalitat y del Consell Jurídic Consultiu, y el aval del Ministerio de Educación», por lo que ha querido transmitir «seguridad a las familias».

La líder del PP valenciano reprochó a Puig que se refiera a quienes optan por la educación concertada como «privilegiados» e insistió en las decenas de miles de quejas y alegaciones que se han dirigido «a las políticas de la Conselleria de Educación en los dos últimos años».

Puig acusó a Bonig de ser la «líder de la posverdad» porque «nunca» ha dicho que sean «unos privilegiados los que van a la concertada. Lo que pasa es que quien decide es la familia, no el colegio, y no hay libertad sin igualdad. El Consell busca igualdad de oportunidades», agregó al respecto.

Según Bonig, «cuando se quiebra la libertad se esfuma el futuro. Usted --a Puig--, me dijo que cuando yo hablaba de libertad me refería a privilegios. Usted sabrá cómo se relaciona con la oposición, pero no le permito que suba a la tribuna a decir que quienes se manifiestan contra las políticas contra la educación concertada quieren jugar a los fantasmas partidistas», indicó.

«Es una pena que en pleno siglo XXI tengamos que salir a la calle para defender nuestros derechos. Su problema es el sectarismo y la radicalidad. Dicen que no tienen dinero para pagar centros especiales de empleo, que no hay para más colegios, apelan a la herencia recibida y quieren abrir una televisión que será un arma de destrucción masiva del PP», remarcó la dirigente popular.

«Privilegios son los coches oficiales, como al que yo he renunciado, o que Oltra agote el cupo de asesores en lugar de contratar inspectores», insistió Bonig, quien preguntó a Puig «si puede asegurar que el Ministerio ha dado el visto bueno al decreto».