El president de la Generalitat, Ximo Puig, apeló a la necesidad de llegar a acuerdos para mejorar el controvertido decreto sobre Vivienda. Un documento que ha elaborado el área del Consell comandada por el vicepresidente segundo, Rubén Martínez Dalmau (Podem), y que es objeto de contestación por parte de colectivos como los constructores.

El jefe del Consell manifestó la necesidad de contar con un mecanismo «que dé apoyo a los ayuntamientos a disponer de un parque público de viviendas», pero que hay cosas, «como todo en la vida, en los que vale la pena hablar y dialogar para llegar a acuerdos». Y añadió que en «esta vía está el vicepresidente segundo».

Puig defendió que la voluntad que ha motivado a esta propuesta «debería ser asumida por la mayoría», al entender que la vivienda «es un pilar fundamental del estado del bienestar» y la Administración autonómica «debe tener instrumentos a su alcance» para lograr estos objetivos.

OBJETIVO / La pretensión del departamento de Martínez Dalmau es duplicar el parque público de viviendas en el plazo de una década. Uno de los detalles más discutidos tiene que ver con el uso de los derechos de tanteo y retracto en operaciones inmobiliarias, al aumentar los supuestos en los que se puede aplicar la fórmula. Hasta ahora era posible en hogares de protección pública, pero ahora también se puede realizar en el resto de viviendas. El presidente de la Asociación Provincial de Empresas de la Construcción de Castellón, Fernando Alfonso, tildó de «barbaridad» este instrumento jurídico, y abogó por tramitar la legislación como un proyecto de ley, ya que de esta manera sería posible efectuar modificaciones. En cambio, el decreto ley ya fue aprobado por el Consell hace un mes, y será presentado a Les Corts el próximo miércoles para su validación.

Tal y como declaró Alfonso a Mediterráneo, la normativa «va a ser perjudicial para propietarios, promotores y compradores», al dar preferencia a la Administración autonómica sobre la compra de viviendas procedentes de ejecuciones por el impago de hipoteca (incluyendo a aquellos casos en los que ya hayan comenzado trámites para su nueva adquisición), bloques de promoción pública o aquellos que se transmiten dentro de grandes operaciones inmobiliarias. Y vaticinó que endurecerá las condiciones de los créditos para comprar una casa. Desde Apecc indicaron que piensan acudir al Tribunal Constitucional, y la síndica del PP en Les Corts, Isabel Bonig, también apuntó a esta posibilidad, al ver que la medida «no da seguridad jurídica». Incluso su homólogo en el grupo del PSPV, Manolo Mata, dijo que el decreto era «muy bueno» pero «mejorable».