La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas quiere que los trabajadores sociales vuelvan a la calle y centren su trabajo en la intervención directa y el contacto con aquellas personas que requiere su atención. «El objetivo es sacar a los trabajadores de los Servicios Sociales de la labor de tramitar papeles, en la que el sistema impulsado por el antiguo gobierno en los últimos 20 años los ha situado», apuntaron desde el departamento de Mónica Oltra.
Para ello, entre las medidas, el próximo año se pondrán en marcha en la provincia nuevos equipos de intervención directa en barrios con necesidades de inclusión. En concreto, habrá dos módulos en Castellón, uno en la Vall d’Uixó y otro en Almassora. Cada uno contará con una financiación de 58.883 euros.
Otra de las funciones de estos profesionales será la gestión de la nueva renta valenciana de inclusión, ya que estos barrios concentran una cantidad importante de demandantes de este tipo de prestaciones. Y es que son los trabajadores sociales lo encargados de decidir al respecto de esta ayuda, así como de su distribución, al ser considerados, por ley, «profesional de referencia».
Por su parte, el presidente del Colegio de Trabajo Social de Castellón, Jaume Agost, considera necesario este tipo de medidas: «Nosotros somos partidarios de volver a la calle y hacer trabajo social, comunitario, estar dónde se suceden las relaciones». Agost reconoce que ahora la tendencia está cambiando, «ya que en la mayoría de municipios se ha contratado a más trabajadores sociales». De todos modos, lamenta que el anterior sistema, como estaba planteado en sus inicios, provocaba que estos profesionales «estuvieran atrapados detrás de la mesa para dar respuesta a todos los expedientes».
