El Gobierno hará el próximo viernes, en el Consejo de Ministros, «una declaración formal de compromiso con el taxi», anunció el secretario de Estado de Infraestructuras y Transportes, Pedro Saura, al término de la reunión que mantuvo ayer con representantes de las organizaciones de taxistas ANTAXI, Fedetaxi, Élite Taxi y Caracol, en huelga en la mayor parte de España.

El número dos del Ministerio de Fomento se comprometió a estudiar «con tiempo, sin hacer parches», el grueso de las propuestas que le hicieron los taxistas, para integrarlas en un real decreto que estará listo para el próximo 15 de septiembre, y que iría acompañado de una nueva ley para el sector que traspasaría a las comunidades autónomas la potestad sobre las VTC (vehículos de transporte con conductor). Todo «para reponer la legalidad», explicó Saura, que establecía la proporción de una licencia de VTC --Uber y Cabify son VTC-- por cada 30 licencias de taxi.

A los representantes del taxi les sonaron muy bien sus palabras, pero salieron de la reunión sin intención de levantar la huelga y con el propósito de discutir en las asambleas en diversas ciudades una propuesta para seguir con los paros hasta el Consejo de Ministros del viernes (la idea es mantenerlos hasta tener los compromisos por escrito), que como mínimo se alargarán hasta mañana, cuando se reúne la Conferencia Sectorial del Transporte con las comunidades.

Pero no serán los gobiernos autonómicos los que tendrían la última palabra, sino los municipales. El Ejecutivo acordó que sean los consistorios los que tengan la capacidad de conceder licencias VTC y limitarlas. «Fomento quiere que el cambio legislativo se realice mediante una hoja de ruta consensuada», cerró Saura.