El sector citrícola de Castellón, junto al resto de agricultores de la Comunitat y de todo el país, acusa a Sudáfrica de «mentir» sobre el riesgo fitosanitario en sus exportaciones a la Unión Europea (UE) para evitar la obligatoriedad de hacer un tratamiento de frío eficaz para erradicar la presencia de la falsa polilla en sus envíos.
Así lo anunciaron las Cooperativas Agro-alimentarias, el Comité de Gestión de Cítricos, UPA, AVA-Asaja, Fepac-Asaja, Asaja Alicante, La Unió de Llauradors i Ramaders de la Comunitat y CCPV-COAG, quienes firmaron un comunicado en el que piden al Ministerio de Agricultura que «insista a la Comisión Europea para que reclame dicho tratamiento en las importaciones de terceros países susceptibles de hospedar la plaga».
Las organizaciones citrícolas firmantes consideran «absolutamente falsas» las declaraciones del enviado de la Asociación de Productores de Cítricos de Sudáfrica a la UE, Deon Joubert, en las que afirmó que la plaga de la falsa polilla -aún ausente en la producción europea-, «solo afecta a las naranjas Navels y Valencia, no a las mandarinas ni a los pomelos».
Pruebas
De acuerdo al sector, en el plan de contingencia de esta plaga, enmarcado en el Programa Nacional para la Aplicación de la Normativa Fitosanitaria del Ministerio, se incluyen especies de mandarinas y sus híbridos y de pomelos como hospedantes de la falsa polilla. Ademas, según sus datos, se detectó esta plaga en cargamentos de mandarinas y pomelos originarios de Sudáfrica durante las inspecciones efectuadas en puertos de entrada europeos durante los últimos años.
Los firmantes del comunicado acusaron «a la Comisión Europea y otras organizaciones vinculadas a la citricultura comunitaria de ser cómplices del lobby sudafricano y de sus artimañas para eludir unos controles fitosanitarios que garanticen la máxima sanidad vegetal de los cítricos foráneos y minimicen la amenaza que entraña la entrada de nuevas plagas».
En su opinión, representantes del sector destacan en el comunicado que el procedimiento actual, en el que los exportadores deciden cuándo dejan de enviar mercancía a la UE por darse un riesgo fitosanitario es «inaceptable», y defienden que la Administración comunitaria es quien debe determinar «cómo, cuándo y bajo qué criterios se cierra su frontera para evitar la entrada de cítricos potencialmente contaminados».
