La subdelegación del Gobierno en Castellón reorganiza la vigilancia policial tras la oleada de robos sufrida en ayuntamientos, iglesias, almacenes y algunas viviendas del interior, como viene informando Mediterráneo. El subdelegado, David Barelles, apeló ayer en Vila-real a no generar «alarma social» aunque empatiza con los alcaldes y vecinos afectados, a los que lanza un mensaje de tranquilidad, indicando que ha incrementado la prevención. Hasta ahora, los sucesos se han producido en Torás, Soneja, Suera, Argelita, Artana, Llucena, Montán y Ludiente.

Barelles señala: «Ante hechos puntuales como los que están ocurriendo he decidido convocar de forma inmediata junta comarcal el viernes en Torás y el próximo lunes en Argelita. En ambas recogemos prácticamente una cincuentena de municipios».

«Hemos incrementado la prevención en la zona», manifiesta, agregando que hay «1.200 guardias civiles en la provincia de Castellón a disposición de todos los ciudadanos y aunque están adcritos a diferentes compañías y puestos se van moviendo según las necesidades que se tengan de servicio». «Tenemos diferentes líneas de investigación abiertas y esperemos que pronto pueda dar resultado lo que estamos llevando a cabo», abunda.

Preguntado por si va a incrementar los efectivos, Barelles aclara que los «hemos reubicado». Señala que hay unidades de reserva que están a disposición de las diferentes compañías, en este caso, Burriana, a la que pertenecen los puestos, y de la Comandancia, que no están adscritas a puestos. Unas unidades que son versátiles para poderlas movilizar en momentos determinados ante cuestiones puntuales como festivales o pruebas deportivas y en este caso se han destinado a esa zona del interior para intentar paliar y disminuir los hechos que están sucediendo».

Recuerda que Castellón es la provincia más segura de la Comunitat con 39,5 infracciones penales por cada mil habitantes frente a las 44 de la media española. Pide que «no se genere alarma social que no se frivolice ni se politice y que no cunda alarma social», aunque matiza que sí es una preocupación para este subdelegado y por ello aunque empatiza con los alcaldes y vecinos, lanza un mensaje: «Vamos a poner todos los medios para intentar atajar esta situación».

Y PSPV Y COMPROMÍS RECLAMAN MÁS EFECTIVOS

La portavoz de Compromís en la comisión de Infraestructuras de Les Corts y alcaldesa de Vistabella, Belén Bachero, lamenta el «sistemático abandono del Gobierno en materia de seguridad en el interior de la provincia» y ha presentado en Les Corts una iniciativa para reclamar «más efectivos y una coordinación entre los diferentes cuerpos en zonas rurales». Asimismo, Bachero considera que las juntas de seguridad entre la Subdelegación y 45 municipios de interior tras la oleada de robos son una buena iniciativa, aunque «llegan tarde». «La desidia del Gobierno en materia de seguridad afecta especialmente a los pueblos pequeños, pero también a Almassora, Onda, Ribesalbes...», asegura la alcaldesa de Vistabella. Además, Bachero critica que en la dotación de agentes por municipio solo se tenga en cuenta el índice de policía por habitantes y no la cifra de efectivos por extensión, ya que muchas de las pequeñas localidades afectadas están muy alejadas entre sí y también de los cuarteles, por lo que los ladrones «hacen lo que quieren».

Por su parte, los socialistas critican que con Rajoy en el Gobierno el número de guardias civiles haya bajado en la provincia «de 1.500 agentes a poco más de 1.200». El vicesecretario de la ejecutiva federal del PSPV y alcalde de Suera, Pepe Martí, muestra su «preocupación» tras el «reconocimiento del subdelegado de que, con Rajoy, el descenso de guardias civiles ha sido muy elevado». Martí critica una reducción del 15% e incide en que «las cifras demuestran que no es lo mismo que gobierne el PSOE a que gobierne el PP».