La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que avala las prácticas sanitarias de los alumnos de las universidades privadas en hospitales y ambulatorios públicos contra el veto de la Generalitat cayó el lunes como una «bomba» en la Universitat Jaume I (UJI).
El decano de Ciencias de la Salud, Rafael Ballester, apeló a la «imposibilidad física de compartir esa formación asistencial». «No hay plazas suficientes para todos», dijo Ballester, que pone el acento en que «el TC es ajeno y no tiene en cuenta la realidad de provincias como Castellón, donde hay carencia de plazas, ya solo para la pública, con, además, una sobresaturación de los profesionales sanitarios que afecta a la calidad docente y asistencial a los pacientes». «Pasa ya en Medicina Familiar, por ejemplo», dijo.
Ahora se abre un impás, con las prácticas conveniadas ya para este curso completo en los hospitales universitarios --General, La Plana y Vinaròs--, y mientras la Conselleria de Sanidad busca «fórmulas» para dar salida a la sentencia. «Esperamos tener el nuevo convenio en marzo», señalaron fuentes el departamento autonómico, que ya ha solicitado a las universidades los cronogramas de las prácticas, para reordenarlas, según Ballester.
Mientras, para el CEU-Cardenal Herrera, es un «dictamen que da base jurídica» a las reivindicaciones y recursos «de los últimos tres años», según su secretario general y vicerrector, José Manuel Amiguet. La sentencia supondrá un ahorro de unos 300.000 euros al año al CEU-Cardenal Herrera de Castellón. Es el dinero del canon que paga desde el 2016 a la UJI para las nóminas de los profesores asistenciales de unos 350 alumnos de Medicina y Enfermería --479 en el primer año--, dentro de un convenio de amparo abierto en noviembre del 2016 tras la prohibición del Consell, y que «se suspenderá cara al curso que viene», según el decano.
Amiguet y Ballester explicaron que «ahora, se trabajará conjuntamente con la Generalitat en la mejora de la formación de médicos y enfermeros de Castellón».
UN ACUERDO CERCANO //
La Cardenal Herrera no reclamará el dinero pagado desde el 2016 a la UJI, mientras ha estado el veto del Consell activo. «El horizonte de acuerdo está más cercano, porque ya no hay impedimento legal o técnico, para que las prácticas de Salud vuelvan a su estado inicial, que era legal, justo y viable», explicó Amiguet.
