Todas las habitaciones de la Llar Sagrada Família de la Vall d’Uixó tienen desde hace poco aire acondicionado, una adecuación que ha sido posible después de que la Generalitat aprobara una subvención de 60.000 euros, que han repartido entre la climatización y la adquisición de camas modulables automáticamente, dado que el grado de dependencia de gran parte de los residentes es importante. El concepto de esta ayuda autonómica era para equipamiento, y desde el equipo de gobierno consideraron que era el momento para dotar de esa mejora en todas las habitaciones, una demanda de las familias para hacer más agradable la estancia de los usuarios en cualquier época del año, detalló la edila de Servicios Sociales, Marian Artero.

TODAVÍA NO ESTÁ EN USO / Si bien es cierto, como confirmó la concejala, que aunque los aparatos están colocados y la instalación completada, no se pueden utilizar porque «hace falta hacer unas mejoras en el edificio» para que soporte el funcionamiento de este sistema de climatización. Una intervención «que ya está presupuestada» y cuya ejecución «dependerá de completar la tramitación administrativa», concretó.

Porque ante las críticas que están llegando al tripartito desde la oposición sobre el funcionamiento de esta residencia, Artero defendió que están «respetando de manera escrupulosa todos los procedimientos», porque no entienden «otra manera de gestionar el dinero público».

DUDAS DEL PARTIDO POPULAR / En el pleno sobre el estado de la ciudad, el Partido Popular plasmó sus dudas sobre el procedimiento que han seguido para la compra de esos aires acondicionados, cuestionando incluso «su legalidad», como precisó su portavoz, Herminio Serra. Según su versión, la secretaria accidental del Ayuntamiento le «reconoció que está mal hecho, que se ha contratado fuera de la ley», al no realizarse como un contrato mayor de suministro con publicidad y concurso público. «Solo consultaron a dos empresas y, a dedo, decidieron elegir una, porque tenían que justificar rápido la subvención para no perderla», añadió.

La concejala Artero coincide en la necesidad de «no dejar perder» la ayuda en cuestión, pero defendió que «se toman estas decisiones en beneficio de la ciudadanía» y que «en ningún momento actuaría sin el aval técnico» y el servicio de Intervención, según afirmó, no puso ningún reparo.

Desde el PP no solo apuntan hacia la edila, sino también al director de la Llar, a quien acusan de tomar decisiones «que no le corresponden», una posibilidad que la Artero negó tajantemente, criticando su uso político en este asunto tan sensible.